Agenda Legislativa para la construcción

Las cifras que provienen tanto de fuentes oficiales como las que CAPECO obtiene a través de sus propios mecanismos de investigación como el Informe Económico de la Construcción y el Estudio sobre el Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana, demuestran que el desenvolvimiento del sector construcción en los últimos años ha estado fuertemente influenciado por una cada vez más evidente dualidad.

De un lado, se tiene un mercado inmobiliario que, con estímulos claros, predictibilidad y políticas habitacionales de largo plazo, ha venido consolidando una industria competitiva e inclusiva, que ha sido capaz de proveer soluciones habitacionales y equipamientos apropiados a todas las familias peruanas, incluidas a las de menores ingresos, favoreciendo además el crecimiento económico.

Del otro, una gestión de obras públicas obsoleta, ineficiente y muy permeable a la corrupción, que no puede ejecutar oportuna y eficientemente los importantes recursos económicos de que dispone ni asegurar la calidad ni la sostenibilidad de las infraestructuras y edificaciones que produce.

Ambos segmentos, sin embargo, tienen dificultades estructurales que es necesario abordar prioritariamente para, por una parte, evitar que vuelvan a aparecer decisiones administrativas o normativas que afecten el desarrollo del sector inmobiliario, y de la otra, para lograr una gestión pública que garantice la selección de la mejor ingeniería y de los mejores operadores, de forma tal que las infraestructuras y las edificaciones funcionen eficientemente a lo largo de toda su vida útil.

CAPECO ha insistido desde hace muchos años sobre la necesidad de desarrollar una nueva visión de la industria, basada en lo que hemos denominado construcción responsable, que enfrenta tres grandes desafíos: el del desarrollo sostenible de ciudades y territorios, el de la formalización y competitividad sectorial y el de la gestión publica eficiente de infraestructuras y edificaciones.

Por lo menos desde hace unos siete años, nuestra institución ha propuesto una serie de iniciativas para abordar estos retos y limitaciones estructurales. Algunos de nuestros planteamientos han sido recogidas y otros no. Hoy, la elección de un nuevo Congreso de la República que estará en funcionamiento hasta la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, abre una oportunidad única para un diálogo democrático que impulse los cambios urgentes que requiere nuestro sector. Varias de las iniciativas que CAPECO ha planteado exigen la aprobación o modificación de normas con rango de Ley, entre las cuales se encuentran:

a) Una nueva Ley de Contrataciones Públicas, que facilite la adopción de un modelo innovador de gestión de obras estatales, así como de mecanismos de contratación y control más eficientes y transparentes.

b) La Ley General de Desarrollo Urbano, que promueva la planificación urbana sostenible y la gestión sostenible del suelo, que favorezcan el crecimiento orgánico de las ciudades y su articulación con el territorio.

c) La modificación de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y de creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que fortalezca sus competencias y promueva la descentralización de la planificación territorial y la mejor articulación de los mega-proyectos productivos y de infraestructura con el desarrollo territorial.

d) La Ley del Financiamiento Habitacional, que organice todos los programas estatales de promoción del acceso a la vivienda, tanto en áreas urbanas como rurales, así como el mejoramiento integral de barrios, asegurando además la sostenibilidad de los recursos que se les asignen para que puedan cubrir paulatinamente las crecientes necesidades habitacionales.

e) La modificación de la Ley de Tributación Municipal, con la finalidad de introducir innovaciones que impulsen el incremento de la recaudación del Impuesto Predial, así como la adopción de mecanismos más equitativos para la determinación de la base imponible.

f) La modificación de la ley del SENCICO, con el propósito de promover la investigación y la innovación en el sector construcción, en concordancia con las necesidades de competitividad de las empresas, los profesionales, los trabajadores y el Estado y procurando una construcción más segura, más eficiente y más sostenible.

g) La modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de constituir Consejos Consultivos sectoriales en los que interactúen de manera transparente los actores públicos y privados para el perfeccionamiento de las políticas, planes, normativas y programas estatales.

CAPECO tiene interés en compartir estas iniciativas con las nueve agrupaciones políticas que tendrán presencia en el Parlamento, con la finalidad de persuadirlas de la necesidad de priorizar su discusión pública y promover la búsqueda de consenso para su aprobación, para lo cual se sugiere la constitución de espacios de diálogo amplios con participación de las Comisiones correspondientes del Congreso, del Poder Ejecutivo y de actores privados vinculados con la construcción.

Abordar estas siete propuestas legislativas no será tarea sencilla ni rápida. CAPECO aspira a que, si existe una voluntad política explícita del gobierno y del Congreso, así como un compromiso claro de todos quienes formamos parte de la actividad constructora en el Perú, es posible llegar al 28 de julio del 2021 con un sector innovador, eficiente, transparente y mejor preparado para los desafíos que nos plantea el bicentenario.

Humberto Martínez Díaz
Presidente