Aprueban norma que amplía plazos de titulación de terrenos informales

Reglamento establece un candado que impide la comercialización de los terrenos titulados, principal accionar de los traficantes de tierras.

El pasado 16 de enero, el Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley 31056, que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y establece medidas para la formalización.

Como se recuerda, en octubre del año pasado, el Congreso de la República promulgó la Ley 31056, que faculta al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), —adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)— a formalizar la posesión de terrenos ocupados hasta el 31 diciembre del 2015.

Antes de esa ley, el Cofopri solo podía otorgar títulos de propiedad a las familias que acreditaban la posesión hasta el 31 de diciembre del 2004. En ese sentido, el reglamento establece un candado que impide la comercialización de los terrenos titulados, principal accionar de los traficantes de tierras.

El adjudicatario de un título de propiedad no podrá transferir el predio durante cinco años. De esta manera, se garantiza que quienes reciben el título de propiedad de manera gratuita requieran el predio con necesidad imperiosa para el resguardo de su familia y no para su aprovechamiento personal.

La norma también precisa que la titulación de terrenos queda exenta a favor de quienes tengan otra propiedad en el ámbito nacional. Para ello, se establece un mecanismo simplificado para el cruce de información con la base de datos del Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

No forman parte de las acciones de formalización las áreas ubicadas en zonas de riesgo no mitigable. De esta forma, el ente formalizador queda facultado a reubicar a quienes habitan en estas zonas en lotes disponibles y seguros que se encuentren en situación de abandono.

De acuerdo con el reglamento, las acciones de formalización a cargo del Cofopri o de la municipalidad provincial deben considerar la planificación y ordenamiento territorial.