Autonomía no es autarquía

En las últimas semanas se ha suscitado una controversia respecto a la aplicación de normas nacionales en materia de vivienda y desarrollo urbano, como los decretos supremos 010-2017 y 012-2018 del Ministerio de Vivienda que establece condiciones especiales para el diseño de proyectos de vivienda social.

Algunas municipalidades pretenden declarar no aplicables estas normas en sus circunscripciones, escudándose en su autonomía. Lamentablemente, un reciente informe del Ministerio de Vivienda, parece darles la razón. Se trata de un craso error. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido que, en la regulación de procedimientos administrativos de vivienda y urbanismo, las competencias son compartidas entre el gobierno central y los gobiernos locales, y que, en caso de duda, prevalecen las normas nacionales. Por si quedaban dudas, la modificación de la Ley Nº 29090 de agosto de 2016, estableció con claridad la jerarquía de normas en esta materia.

Así, la Ley de Regulación de Habilitación Urbana y de Edificaciones y sus reglamentos, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, el Reglamento Nacional de Edificaciones y cualquier otra norma de rango nacional que regulen estos asuntos, están por encima de las disposiciones del nivel provincial, y éstas sobre las distritales. Romper la jerarquía de las normas generaría una grave inseguridad jurídica.