CAPECO y gremios inmobiliarios exigen al gobierno medidas que garanticen buen clima de inversiones en el país

Gremios del sector se pronunciaron ante el anuncio dado por la PCM sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en la región Ayacucho. Afirman que la medida atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.

El reciente anuncio que hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en la región Ayacucho y la no ampliación para procesos de explotación y exploración, ha generado alarma en el sector privado. En ese sentido, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), junto con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), consideraron que medidas de este tipo atentan contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, dos componentes necesarios para promover inversiones en nuestro país.

Frente a ese panorama contraproducente, invocaron al gobierno a mostrar coherencia entre sus mensajes e invitaciones a invertir en el Perú, y emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo tres puntos clave:

Solucionar de inmediato un problema que requiere diálogo y acuerdos entre las partes, lo cual no ha sucedido con el anuncio del retiro y cierre de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa en Ayacucho. “El anuncio constituye una posición política y arbitraria impuesta por el gobierno sin un diálogo amplio con todas las partes, sin sustento legal y técnico de las instancias públicas con competencias sobre la actividad minera, y sin la debida notificación a las empresas involucradas”, dice el comunicado.

Agrega que toda esta situación impacta negativamente en la seguridad jurídica necesaria para atraer y mantener inversiones en nuestro país.

Como segundo punto, el pronunciamiento exhorta a evitar el clima de incertidumbre que generan las inconsistencias entre el discurso y las acciones concretas del presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. “El criterio impuesto en estas medidas genera un peligroso precedente para que el gobierno central intervenga con fines políticos en cualquier actividad económica del país”, afirma el texto.

Finalmente, como última exigencia, los tres gremios solicitan a las autoridades que respeten las reglas de juego y busquen consensos con todos los actores mediante un diálogo sostenido con las empresas involucradas. “Exigimos asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y rechazas cualquier acto de violencia que impida el normal desarrollo de las operaciones privadas”, apunta el comunicado.

A continuación, el comunicado difundido por CAPECO.