Compromiso: Acción Gremial y Administrativa de Capeco 2018

De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de la Cámara Peruana de la Construcción, en la sesión del Consejo Directivo del mes de abril se aprobó la Memoria Anual de Actividades 2018, que fue presentada a la Asamblea General de Asociados. La memoria contempla las actividades que llevaron a cabo los diferentes comités, así como la acción gremial y administrativa desarrollada por la institución durante el año pasado. En este informe reseñamos las principales actividades gremiales y de promisión de servicios que desarrolló la Cámara durante el 2018. En la siguiente edición haremos un resumen de la actividad de los comités generales.

LOS 60 AÑOS DE CAPECO

En el año 2018, CAPECO celebró sus 60 años de fundación y lo hizo poniendo de relieve el compromiso que impulsó a quienes como Carlos Costa Élice, Alejandro Graña Garland y Max Peña Prado, los visionarios que que dieron vida a nuestra institución: agrupar y representar a todos aquellos que trabajan en la actividad constructora en el país. A lo largo de estas seis décadas, CAPECO ha sido testigo y actor relevante del desarrollo de la construcción en el país.

La Cámara ha consolidado el compromiso institucional de contribuir al desarrollo nacional y a la mejora de la calidad de vida de los peruanos a través de la construcción responsable, entendida como aquella que se propone transformar el territorio nacional e impulsar el crecimiento ordenado de las ciudades a partir de la excelencia, la innovación, la transparencia y el respeto.

Además, ha sido consistente con su objetivo de convertirse en un gestor de iniciativas para el perfeccionamiento de las políticas públicas que impactan en la actividad constructora y que benefician a la sociedad peruana en general. También ha procurado generar valor a sus empresas asociadas, mediante una intensa representación gremial nacional e internacional y la provisión de servicios eficientes e innovadores.

Las principales iniciativas gremiales y administrativas que impulsó CAPECO a lo largo de todo el año 2018 fueron varias y las resumimos en las siguientes páginas.

2. LOS DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE

La construcción responsable pretende buscar la mejora de la competitividad del país a la par que el acceso a todos los peruanos a mejores condiciones de vida. Para CAPECO, son tres los desafíos que deben abordar el sector construcción y el país para alcanzar un desarrollo sostenible.

a) Una mejor ciudad es posible

El primero es la modernización de las ciudades peruanas, buscando hacerlas competitivas e inclusivas, haciendo énfasis en la necesidad de potenciar su vocación productiva y su capacidad para generar cohesión social. Para cumplir con este objetivo, la Cámara viene impulsando desde hace varios años la iniciativa “Una mejor ciudad es posible”, que fue aterrizada en una propuesta integral para las ciudades del Perú recogida en el libro la “Fórmula para una Mejor Ciudad”.

A lo largo del año 2018, siguió difundiendo los componentes de esta iniciativa, por ejemplo, durante la presentación de la Revista Limaq editada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Lima, dedicada a la vivienda social; en el Foro sobre Peritajes organizado por la Dirección General de Construcción del Ministerio de Vivienda; en el foro virtual sobre “Smart Cities & Territorios Inteligentes” a cargo del arquitecto Ignacio Alcalde, vicepresidente de Fundación Metrópoli (España); en el Foro organizado por el Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima.

También se difundió la iniciátiva en la VII Reunión Mundial de la Unesco sobre Comunicación, Ciudad y Espacio Púbico; en el Foro Desarrollo Inmobiliario y Ciudad, organizado por CAPECO y M&B Comunicaciones, con la presencia de cuatro candidatos a la Alcaldía de Lima; en el Primer Encuentro Anual de la Construcción en Arequipa organizado por la Asociación Regional CAPECO, con la presencia del alcalde electo de la Municipalidad Provincial.

Adicionalmente, se trabajaron una serie de proyectos basados en el modelo de “Una mejor ciudad es posible”. En enero del año pasado, se promovió una reunión entre el viceministro de Vivienda y funcionarios de Cementos Pacasmayo, con el propósito de explorar la posibilidad de desarrollar un Proyecto Piloto de Mejoramiento Integral de Barrios en la ciudad de Piura, en el marco del Plan de Reconstrucción, a ser financiado por esta empresa asociada a través de obras por impuestos.

Asimismo, se sostuvo una Mesa de Trabajo con el Alcalde Provincial de Ica para desarrollar acciones de apoyo en temas de desarrollo urbano y vivienda. Igualmente, se acompañó al Representante Regional de INTA (Asociación Internacional de Urbanismo, de la que CAPECO ocupa una Vicepresidencia) en su visita al Viceministro de Vivienda para exponer una propuesta de Coaching Territorial. Se exploró la posibilidad de trabajar en los Proyectos Olmos y Majes-Siguas, particularmente en el diseño de un modelo de gestión de suelo e inversiones urbanas.

b) Iniciativa In4

El segundo gran desafío de la construcción responsable es el cambio radical del modelo de gestión de obra pública país para promover la calidad y la eficiencia de las infraestructuras y de las edificaciones y la integridad en los procesos de contratación pública.

Para abordar este gran desafío, CAPECO propuso la Iniciativa In4, sustentada en cuatro factores concurrentes y complementarios: institucionalidad, ingeniería, innovación e integridad.

En lo institucional, CAPECO considera indispensable contar con un Plan Nacional de Infraestructura. Para la formulación, implementación y seguimiento de este Plan, la iniciativa propone la conformación de una Comisión Consultiva de Infraestructura, en la que estén representados los principales actores públicos y privados vinculados a esta actividad.

El nuevo modelo para la infraestructura y la edificación peruanas, debe además sustentarse en un enfoque de calidad, basado en la buena ingeniería. De esta forma, se garantizará la eficiencia y durabilidad de las infraestructuras; se propiciará la idoneidad de diseños y obras; se seleccionará mejor a los ejecutores y supervisores, se tendrá mejores respuestas frente a desastres y emergencias y se posibilitará la evaluación en todo el ciclo de vida de las infraestructuras.

De otro lado, sin innovación es imposible estar preparados para satisfacer las necesidades crecientes y mutables de la infraestructura en un mundo globalizado e integrado. Será necesario promover la investigación en materiales y sistemas constructivos; impulsar la introducción de nuevas tecnologías de diseño, construcción y operación de infraestructuras; así como la vinculación de la gestión de las infraestructuras con el desarrollo territorial, con la finalidad de reducir los conflictos sociales asociados a la instalación de megaproyectos en zonas abandonadas del país y de encontrar sinergias ente la inversión en infraestructura y la inversión urbana y territorial.

Finalmente, los hechos de corrupción en la contratación estatal de los que todos los peruanos hemos sido testigos a la vez que víctimas, hacen más urgente que nunca desarrollar principios, compromisos y acciones que promuevan la integridad en las obras de construcción, tanto pública como privada, para hacerlas más seguras, más competitivas y mejor orientadas hacia la búsqueda del bien común.

Se trata de grandes desafíos. Pero, siendo inminente un repunte de la actividad constructora, es el momento indicado para abordarlos, con visión de largo plazo. En CAPECO, se reconoce el valor del diálogo franco y abierto, y a entender que, sin la colaboración de todos, nada de lo que se consiga perdurará en el tiempo.

La iniciativa In4 fue presentada por el Presidente de CAPECO, Enrique Espinosa, el 10 de octubre de 2017, durante la ceremonia de inauguración de la XXII EXCON. A lo largo del 2018, la Cámara ha difundido esta iniciativa en numerosos foros como en el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio, integrado por el CAP, el CIP, la FTCCP y CAPECO que publica un pronunciamiento por la recuperación de la actividad constructora, en el que se pronuncia sobre “la necesidad de iniciar paralelamente un amplio diálogo para la modificación radical del modelo vigente de planificación, contratación y gestión de la obra pública que ha demostrado su ineficiencia y permeabilidad frente a la corrupción.

En abril 2018, se expuso esta iniciativa en una presentación en el Congreso de la República, por invitación del Congresista Federico Pariona (Fuerza Popular) que estaba promoviendo un proyecto de ley destinado a combatir la corrupción sin restar viabilidad a la ejecución de proyectos. Se hizo conocer que CAPECO compartía la misma preocupación por abordar estos asuntos desde el Congreso de la República, pero que estimamos que estos planteamientos no tendrán efecto significativo en la lucha contra la corrupción ni en la eficiencia y sostenibilidad de la obra pública si es que no se enmarcan en una estrategia integral que vaya más allá del ámbito del control y la sanción, sean estas administrativas, civiles o penales, exponiendo luego los principales principios de la iniciativa.

Asimismo, se presentó en el foro Herramientas efectivas para combatir la corrupción en las organizaciones, organizado por PwC y CAPECO; en la LXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FIIC, en San José de Costa Rica; en una reunión convocada por Jerry Marcus, funcionario de USAID que forma parte de un equipo que está diseñando un programa de apoyo para la lucha contra la corrupción; en un panel sobre Ética y futuro de la construcción en el Perú organizado por el MDI-PUCP.

La iniciativa In4 también fue expuesta ante representantes de la firma DPK Consulting que están preparando una propuesta para el Banco Mundial respecto a las medidas que vienen implementando los gremios para promover la integridad. Se efectuó una exposición en la LXXIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FIIC, en Lima. También en reuniones de trabajo con OSCE y el Ministerio de Economía como una propuesta integral para modificar el marco de contratación pública.

Iniciativas propuestas por Capeco para una construcción responsable.

 

c) Construyendo formalidad

El tercer gran reto de la construcción responsable en nuestro país es reducir la informalidad en el sector construcción, que se ha constituido en el principal problema para la sostenibilidad de nuestra actividad y una amenaza para la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Los altos niveles de informalidad que afectan a la construcción demuestran las limitaciones de las dos estrategias emprendidas desde el Estado para combatirla: la regularización y la represión.

El fracaso de este modelo para reducir la informalidad hace necesario reemplazarlo por uno nuevo que, sin dejar totalmente de lado las acciones punitivas o de regularización, ponga el acento en iniciativas que promuevan la formalidad. Más que combatir la informalidad se trata de generar incentivos para que la construcción sea formal.

Para ello, CAPECO presentó en octubre del 2018, durante la inauguración del XXIII EXCON, la iniciativa Construyendo formalidad que busca enfrentar de una manera integral y coordinada todos los obstáculos que impiden o dificultan el acceso de la población, especialmente la más carenciada, a la construcción formal.

Los objetivos estratégicos a alcanzar con esta propuesta son:

– Promover la generación de suelo urbano mediante nuevos mecanismos de planificación y gestión territorial, para impulsar la oferta formal de vivienda, equipamientos y servicios y desalentar la invasión de tierras.
– Impulsar la provisión de materiales y servicios de construcción de calidad e incentivar la participación de proveedores solventes en el segmento de vivienda social para reducir la participación de la oferta informal e ilegal.
– Fortalecer a los operadores que actúan en el diseño y construcción de viviendas en el segmento social, especialmente a través del perfeccionamiento y diversificación de las políticas públicas dirigidas a este segmento.
– Incentivar la formalización laboral y la productividad de los trabajadores, de los profesionales y de las empresas en el sector construcción.
– Difundir una cultura de la formalidad y de la legalidad, que estimule cambios en la conducta de los ciudadanos así como de los actores sociales y económicos, públicos y privados, y promover la integridad y la transparencia.

En los próximos meses, se espera difundir esta iniciativa en ámbitos públicos y privados, pero sobre todo impulsar propuestas para llevarla a cabo. Para ello se han suscrito una serie de convenios siendo los principales los efectuados con la Asociación Peruana de Entidades Técnicas (APET), que agrupa a más de 600 pequeñas empresas constructoras que trabajan en la modalidad de Construcción en Sitio Propio del programa Techo Propio, para que estas suscriban acuerdos comerciales con proveedores responsables que les permitan acceder a productos originales y homologados con la norma técnica peruana y/o con normas internacionales.

Con la empresa social Mutuo para contribuir con la ejecución de su proyecto Ciudades (en)visible, cuyo primer emprendimiento implica el diseño y construcción de viviendas a cinco familias residentes en el Asentamiento Humano 3 de Diciembre, del distrito de Lurín.

También se han suscrito convenios con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y el Comité Nacional de Administración del Fondo para la construcción de Vivienda y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (CONAFOVICER), con el propósito de promover la formalidad y la competitividad de trabajadores y empresas de construcción civil. Específicamente, el convenio busca establecer el marco general de cooperación recíproca entre las tres instituciones, con miras a la realización y profundización de iniciativas de difusión, formación, sensibilización, investigación, capacitación y modernización normativa y legal.

Otro convenio es el realizado con Swisscontact, fundación del sector empresarial suizo que promueve la cooperación para el desarrollo económico, social y medioambiental en 36 países alrededor del mundo, mediante el cual CAPECO participa en la evaluación y seguimiento de su proyecto Construya Perú, dirigido a la promoción de prácticas de construcción segura, saludable y sostenible, mediante la capacitación de trabajadores independientes de construcción y la concienciación de propietarios de viviendas sobre los riesgos de la construcción informal y la importancia de utilizar materiales de calidad.

3. PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante el 2018, CAPECO desarrolló una intensa actividad para promover el perfeccionamiento de políticas públicas referidas a la vivienda, la infraestructura y el desarrollo urbano. Sin embargo, los espacios que se habían promovido para interactuar de manera transparente y abierta con el Estado, como la Comisión Consultiva de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Permanente con los colegios de arquitectos y de ingenieros y con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil o la Mesa de Trabajo con Sedapal para la implementación de un Pacto Específico por la Integridad fueron desactivados, a pesar del interés de CAPECO por mantenerlas y fortalecerlas.

En razón de ello, el mayor esfuerzo de la Cámara por intermediar en la normativa pública se orientó a impedir que se pongan en vigencia proyectos legislativos o administrativos que afectaban la viabilidad de la industria de la construcción, el crecimiento económico del país o el acceso de las familias a viviendas, infraestructuras y equipamientos seguros y de calidad. En particular fueron relevantes:

a) Decreto Legislativo 1424

CAPECO expresó su preocupación al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Constitución del Congreso de la República, por las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1424, modificatorio de la Ley del Impuesto a la Renta, referidas a la limitación del monto de intereses correspondientes a operaciones de crédito que pueden deducir las personas jurídicas para el cálculo de su renta imponible.

Para nuestra institución, este Decreto Legislativo modifica el inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en términos que incumplen derechos constitucionales a la reserva de ley, a la no confiscatoriedad y a la igualdad; y afectan innecesariamente la sostenibilidad económica y financiera de empresas inmobiliarias y constructoras e impactando negativamente en la generación de oferta habitacional formal, en particular a la de vivienda social.

La norma no tiene en cuenta que los proyectos inmobiliarios se ejecutan en el mediano y largo plazo, por lo que las empresas promotoras deben recurrir a la obtención de operaciones de créditos provenientes de entidades bancarias. Por esta razón, estos proyectos demandan un importante financiamiento y presentan pérdidas en sus primeras etapas que son compensadas con utilidades crecientes en sus fases finales.

En tal sentido, al establecer el Decreto Legislativo bajo análisis que, a partir del 1º de enero del 2021, no serán deducibles los intereses de aquellas deudas que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior se pondrá en riesgo la viabilidad de los proyectos inmobiliarios, muy especialmente los de vivienda social, que por su magnitud y mayores exigencias burocráticas, requieren plazos mayores de ejecución.

Asimismo, este decreto castiga a aquellos proyectos inmobiliarios o de construcción que se desarrollen empleando un vehículo de propósito específico (SPV), modalidad que las entidades financieras exigen con mucha frecuencia, con el propósito de aislar de un determinado proyecto el riesgo de la empresa que lo promueve. Por lo general, estos vehículos o sociedades se constituyen con un capital inicial reducido, por lo que la disposición del mencionado decreto de limitar la deducción de gastos por intereses para la determinarción del Impuesto a la Renta a tres veces el patrimonio neto de la empresa contribuyente al cierre del ejercicio anterior, resulta perjudicial para este modelo operativo por cuanto una parte sustantiva de los gastos financieros no podrán deducirse de la renta imponible.

De otro lado, también se va a afectar con esta limitación a empresas cuyos resultados globales superen el límite de ingresos de 2,500 UIT, especialmente para aquellas que pretendan desarrollar alguna línea de negocio totalmente nueva en base a un financiamiento de terceros. En la actividad inmobiliaria, se perjudicaría gravemente los planes de las empresas medianas y grandes de incursionar en el segmento de vivienda social, condición indispensable para generar una oferta habitacional sostenible para las familias de bajos ingresos.

A la fecha, se viene gestionando reuniones de trabajo con la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, para que el Congreso de la República –en el proceso de revisión de los Decretos Legislativos aprobados en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo dispuesta por la Ley Nº 30823- disponga la derogatoria parcial de la norma cuestionada. De no lograrse esto, como segunda medida se deberá iniciar procesos ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, para declarar su inaplicabilidad o inconstitucionalidad.

Durante el 2018, se desarrolló una intensa actividad para promover el perfeccionamiento de políticas públicas referidas a la vivienda, la infraestructura y el desarrollo urbano.

 

b) Proyecto de Ley Nº 1112-2016

El proyecto de Ley Nº 1112-2016, aprobado en primera votación por el pleno del Congreso de la República, pretende promover la generación de suelo urbano para atender la demanda de vivienda de familias afectadas por desastres naturales. Desde un inicio CAPECO expresó su oposición a la aprobación de esta norma porque no aborda técnicamente la generación de suelo, componente esencial de una política nacional de desarrollo urbano y vivienda.

En particular, la Cámara objetó el artículo 6º del proyecto de Ley, que dispone que el 8% de todo proyecto habitacional se reserve para atender la demanda de vivienda de familias afectadas por desastres naturales, estableciendo una exigencia injustificada, inviable y que atenta contra el desarrollo inmobiliario formal y, en especial, afecta la producción de vivienda social; pero que además vulnera los derechos constitucionales a la propiedad, la libertad de empresa y la libertad de contratar deviniendo en confiscatorio.

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