Exoneración del IGV para ingresos por alquiler

El MEF propuso recientemente que quienes tengan como único ingreso una renta menor a S/ 2,566 por el alquiler de un inmueble no paguen el impuesto a la renta. Además, quienes tengan más de una renta estarán afectos a una nueva escala progresiva acumulativa. ¿Cómo impactará esto en el mercado de alquiler de viviendas? Lo exploramos en este informe.

A inicios de noviembre de 2021 se hizo público un hecho que generó cierta zozobra en el sector inmobiliario. Ocurrió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso que quienes tengan como único ingreso una renta menor a S/ 2,566 por concepto de alquiler de un inmueble no estén afectos al impuesto a la renta (IR).

La medida forma parte del pedido de facultades que solicitó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, y, en teoría, busca beneficiar a las personas que perciben menores ingresos, como aquellas que tienen como único ingreso el alquiler de un inmueble.

Actualmente, el IR de primera categoría que grava a los alquileres funciona con una tasa fija que se paga por cada transacción, y que es igual tanto para quienes tienen el ingreso por alquiler de una propiedad como único medio de subsistencia como para quienes tienen grandes ingresos por el alquiler de inmuebles y otras fuentes de renta.

“Uno de los principios de la política tributaria del país es la progresividad, la cual hace referencia a que la carga tributaria sea imponga según la capacidad contributiva de cada persona. En el Perú, la tributación de las rentas del trabajo es progresiva, ya que los contribuyentes tributan con tasas que se van incrementando según aumentan sus ingresos”, dijo el ministro Pedro Francke durante su presentación en el Parlamento.

ADIÓS AL 5%
En ese sentido, uno de los planteamientos de la medida es que a las rentas de primera categoría (arrendamiento de bienes muebles e inmuebles) se aplique la escala progresiva acumulativa que se aplica a la sumatoria de las rentas de cuarta categoría (trabajo independiente), rentas de quinta categoría (trabajo dependiente) y las rentas de fuente extranjera. De esta manera a las rentas por arrendamiento también se les aplicaría la deducción anual de 7 UIT (S/ 30,800), con porcentajes de pago mayores para quienes perciben altos ingresos.

Esto, según el MEF, permitiría que el impuesto a los alquileres sea “progresivo y más justo”, puesto que solo lo pagarían las personas que sobrepasen determinado umbral. 

En el caso de las personas que solo tienen ingresos mensuales menores a S/ 2,566 por el alquiler de un inmueble, estas no pagarían impuesto, con lo cual se eliminaría su pago actual de 5% del alquiler, que representa un pago de impuesto de hasta S/ 128 mensuales.

“Con esta modificación se logra dar progresividad a las rentas por arrendamiento, además de que se iguala su tratamiento tributario al que actualmente tienen las rentas del trabajo”, dijo Francke. 

Días más tarde, el ministro insistió en que la medida propuesta busca que el impuesto que se aplica a los arrendamientos sea un impuesto progresivo. “De esta manera, quienes tienen menores ingresos pagarán poco o nada, y quienes tienen altos ingresos pagarán más”, aseguró.

“POPULAR E INEFICAZ”
Desde la perspectiva del sector privado, esta medida es vista como popular e ineficaz. Así lo considera Carlos Miguel Salinas, director gerente de Antares Contratistas y presidente del Comité General de Promoción y Desarrollo Inmobiliario de CAPECO. 

A su parecer, lo que va a suceder es que “el que no paga [IR] no se va a beneficiar con esa exoneración, y se va a castigar a los que sí pagan, aumentándoles progresivamente la renta”. Según él empresario, la aplicación de esta medida podría desalentar las inversiones de personas naturales en vivienda o activos inmobiliarios destinados a la renta. 

En declaraciones a Construcción e Industria, añadió que el incremento del IR en los tramos superiores a los S/ 2,566, mediante la acumulación con otras rentas y la aplicación de una escala impositiva progresiva con tasas que van desde el 8% al 30%, afectaría a miles de familias de clase media que han invertido sus ahorros y pensiones en un activo inmobiliario con la expectativa de que les genere una renta. “Muchos de estos activos corresponden a locales comerciales y oficinas que sufren vacancias prolongadas generadas por la pandemia y los cambios tecnológicos”, asegura.

En paralelo, prevé que la medida también perjudicaría severamente al sector inmobiliario —que ya viene siendo fuertemente golpeado por el alza de los precios de los materiales de construcción, la depreciación de la moneda y la incertidumbre— debido a que al menos el 30% de sus colocaciones están destinadas a los pequeños y medianos inversionistas de la clase media. Solo en Lima, el 42% de todos los departamentos está en alquiler (dato del censo del 2017).

Otro punto importante es que esta medida planteada por el MEF podría alimentar todavía más la informalidad en el segmento de alquiler de viviendas. “Más gente no va a declarar; si se van a acumular los alquileres y vas a pagar una renta escalonada, lo que va a ocurrir es que uno se lo va a pasar al hijo, el otro al primo y así entre familiares para no sobrepasar los S/ 2,500”, prevé Salinas. 

¿Cuál podría ser una alternativa más viable? “En primer lugar, que todos paguen renta”, aclara. Seguidamente, sugiere: “Si quieres elevar una tasa, que sea, por ejemplo, del 10% flat para alquileres mayores, y los que son menores a S/ 2,566 que sigan pagando el 5%”. 

A propósito de esto último, el representante de CAPECO afirma que, siendo la tasa del 5% baja, debería promoverse la cultura de contribuir con el fisco mediante la aplicación de sanciones más severas a quienes no pagan.

AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
Más allá de los posibles impactos de esta medida propuesta por el MEF, el Comité General de Promoción y Desarrollo Inmobiliario de CAPECO considera que el Congreso no debería otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. “Sería el peor momento para hacerlo cuando tenemos una economía tan golpeada por la pandemia e índices de confianza con tendencia decreciente. Cambios tan drásticos en las reglas de juego como los que se proponen generarían mayor incertidumbre de la que ya existe”, afirma Carlos Salinas.

Según este grupo de trabajo del gremio constructor, la reforma debería enfocarse en ampliar la base tributaria e incrementar la base imponible mediante la incorporación de la mayor parte del sector informal que existe en el país en lugar de aumentar la magnitud de los impuestos a los que ya contribuyen y exonerar a los que ya no pagan.

En ese sentido, plantean que no debería realizarse una reforma tributaria sin mejorar la ejecución del gasto, lo cual va más allá de la contratación pública. Se requiere una reforma fiscal y administrativa con el consenso de las fuerzas políticas y la participación de entidades representativas de la sociedad por tratarse de políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos de turno.

“Por ello, CAPECO se ha pronunciado en contra de la delegación de facultades, y ha solicitado un espacio de trabajo público-privado con el Congreso y el Poder Ejecutivo”, aseguró Salinas.