Fujimori vs. Castillo

¿QUÉ PLANTEAN PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN? Con la segunda vuelta electoral acercándose a su momento cumbre, en Construcción e Industria echamos un vistazo a los planes de Pedro Castillo y Keiko Fujimori en materia de construcción, vivienda, inversión pública y desarrollo de infraestructura. ¿Qué proponen? Aquí lo traemos.

A poco más de un mes para la segunda vuelta de las elecciones generales, la polarización en torno a los aspirantes presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo crece a pasos agigantados. En paralelo, lo que también se agudiza a medida que transcurren las semanas es la incertidumbre sobre lo que le espera al sector Construcción a partir del 28 de julio, fecha en la que empieza el quinquenio del nuevo gobierno.

La zozobra que provoca la coyuntura electoral suele perjudicar a la construcción y a muchas actividades relacionadas o transversales a ella. Sin embargo, más allá de la crispación que el país vive actualmente por esta guerra que se ha desatado entre los seguidores de la izquierda socialista, representada por el candidato de Perú Libre, y los de la derecha, personificada por la lideresa de Fuerza Popular, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Humberto Martínez, considera que lo que mejor funciona en el país es activar el sector Construcción porque es la actividad que más rápido genera empleos.

Considerando que el sector espera mantener el crecimiento a doble dígito, resulta necesario evaluar cuán factible sería esto a la luz de lo que proponen los dos candidatos que se disputan la presidencia de la República. Aquí un vistazo a sus planes de gobierno en materia de construcción, infraestructura y vivienda social.

PEDRO CASTILLO
Más que un plan de gobierno, lo que Castillo y su equipo han hecho llegar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el “ideario y programa” de Perú Libre. Este documento, elaborado en febrero de 2020 por Vladimir Cerrón, fundador de esa organización, recoge el pensamiento ideológico, político y programático de su partido —el cual “abraza la teoría marxista”—, y constituye, según se lee en el capítulo introductorio, una respuesta contestataria al neoliberalismo.

En esa línea, este ideario no incluye un capítulo dedicado explícitamente al sector Vivienda y Construcción. Lo que sí plantea en el capítulo VI, titulado “Sobre política de transporte y medios de comunicación”, es desarrollar vías de comunicación terrestre a lo largo de los ejes vertical y horizontal del país.

Para lograrlo, afirma que es necesario modificar las herramientas de gestión del Estado. Además, añade que la rentabilidad económica, si bien es importante, no debe ser el único criterio para construir las obras viales. “Se deben asumir otros parámetros, como el aislamiento de los pueblos, las fronteras vivas, amenazas del narcotráfico y terrorismo, índice de pobreza, entre otros”, afirma el texto.

En lo que concierne al transporte ferroviario, el documento de Perú Libre propone implementar un ferrocarril moderno que integraría a toda la costa peruana “en cuestión de horas”. Afirma que este es un proyecto totalmente viable y rentable, y asegura que un sistema similar podría instalarse en la selva del país gracias a que sus llanuras son idóneas para ello.

No sería tanto así en la sierra. Eso es, al menos, lo que deja entrever la propuesta, pues señala que en la cordillera de los Andes predomina una geografía bastante agreste, lo cual implicaría cavar numerosos túneles. No obstante, afirma que un proyecto ferroviario en esta zona del país no se descarta.

Un detalle importante sobre los puntos expuestos en los párrafos anteriores es que el plan de Castillo subraya que todos los contratos de concesión para carreteras y ferrocarriles —sobre todo los que benefician a las transnacionales— serán revisados, renegociados o resueltos.

En materia de infraestructura aeroportuaria, el ideario de Perú Libre establece que “ninguna región debe estar desprovista de un aeropuerto con características internacionales o con proyección a serlo. No importa si su construcción se da por etapas”.

Más adelante, en el capítulo VII, “Política agraria como seguridad nacional”, el texto plantea la formalización de la titulación de tierras. La razón que aduce es que “muchos peruanos viven en la zozobra y angustia por no tener la seguridad jurídica de sus tierras, y, en contraste, vemos que los traficantes están apropiándose de las tierras comunales”. En ese sentido, afirma que la primera condición se ve reflejada en los asentamientos humanos y la segunda, en la apropiación de terrenos para impulsar proyectos inmobiliarios privados.

No obstante, el documento no menciona qué sucedería con los proyectos de transporte urbano de la capital del país, como las líneas pendientes del Metro de Lima.

KEIKO FUJIMORI
El extenso plan de gobierno de Fuerza Popular dedica el eje número 6 al tema de vivienda y saneamiento físico legal. En uno de sus párrafos introductorios afirma que “tenemos familias, sobre todo pobres y en extrema pobreza, que viven en espacios no adecuados, sea por el tipo de suelo, acceso de servicios básicos, condiciones de la naturaleza que los vuelven vulnerables, con construcciones deficientes, por decir lo menos, y sin ningún derecho de propiedad sobre dicho suelo o construcción”.

Cita, asimismo, un estudio de Grade y ADI que revela que el 93% del nuevo suelo urbano creado en el país desde el año 2001 corresponde a urbanizaciones informales. En ese sentido, tras pintar de cuerpo entero lo que consideran es el panorama actual del sector Vivienda y lo que atañe al desarrollo urbano, el documento plantea 12 propuestas concretas. Por cuestiones de espacio no detallaremos todas en esta nota, pero sí las más sensibles:

a. Establecer incentivos por metas a la gestión municipal para la elaboración de políticas integrales de desarrollo urbano, y producción de planes urbanos en todas las zonas de expansión.

b. Establecer una articulación entre el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales a fin de que el primero brinde asistencia técnica a las municipalidades que carecen de personal capacitado, a fin de que los Planes de Desarrollo Urbano y de Acondicionamiento Territorial sean eficientes y sean el resultado de la consulta y participación ciudadana.

c. Disminuir el crecimiento urbano de carácter informal a través del incentivo a proyectos de vivienda social y habilitaciones formales con promoción del crédito hipotecario para la compra del suelo formalmente habilitado, a través de la banca privada y estableciendo un fondo de respaldo que garantice el cumplimiento de los prestatarios. En ese sentido, harán más ágiles y menos onerosos los procedimientos de habilitación urbana en las municipalidades.

d. Reorganizar Cofopri, a fin de que vuelva a ser una institución ágil, amigable y libre de burocratismo, para establecerle metas de cumplimiento en función de los recursos asignados.

e. Emprender un gran proceso de formalización a nivel nacional entregando títulos de propiedad registrados a todas las familias que tienen derecho a la propiedad y que cumplan con los requisitos solicitados.

f. Diseñar conjuntamente con las municipalidades y con las divisiones especiales de la Policía Nacional del Perú eficientes estrategias legales articuladas para controlar y fiscalizar de manera efectiva a quienes promueven el tráfico ilegal de terrenos.

g. Desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmobiliario orientado a las clases sociales C, D y E mediante la aplicación de subsidios como Techo Propio, y con sistemas de crédito de bajo costo y largo plazo a fin de favorecer la construcción de viviendas de menos de S/ 200,000.

En materia de infraestructura de transportes, el plan de Fuerza Popular establece el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y aeroportuaria. Para ello, asegura, invertirá los recursos de manera estratégica y razonable en las zonas del país que más desarrollo requieren.

Del mismo modo, promoverá la incorporación de transporte ecoamigable, privilegiando el desarrollo de las vías para vehículos no motorizados, tanto en el sector urbano como en el rural.