II Conversatorio sobre Ley de Contrataciones del Estado dejó interesantes propuestas para mejorar la gestión de las obras públicas

Evento organizado por CAPECO reunió a un destacado panel de especialistas que discutió las deficiencias de la norma vigente y abordó las posibles mejoras que se podrían implementar dentro del marco legal de las contrataciones del Estado.

Continuando con su misión de generar propuestas que contribuyan al crecimiento de la actividad constructora, CAPECO organizó el II Conversatorio: Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas. El objetivo de este encuentro virtual fue analizar diferentes aspectos del marco normativo vigente identificar sus deficiencias, y plantear sugerencias y observaciones que podrían ser tomadas en cuenta por el Estado para generar una norma más eficiente.

El conversatorio contó con la participación Jorge Zapata, presidente de CAPECO; César Candela, director del Centro de Contrataciones con el Estado de la USMP; Ramón Huapaya, experto en Derecho Administrativo, y Luis Alonso Robas, gerente de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República (CGR). Por su parte, Jorge Ruiz, director Círculo de Arbitraje con el Estado (CAE) fue el moderador de la conferencia.

Las palabras de inicio estuvieron a cargo de Jorge Zapata. El titular de la cámara comentó que la actual Ley de Contrataciones (30225) es obsoleta, que ha tenido muchos parches, muchas modificaciones desordenadas, “y ya no da para más”.

Según dijo, las pruebas de que esta ley ya no es aplicable son varias y son visibles. Por ejemplo, la lenta ejecución de las obras públicas, la cantidad de conflictos que ocurren por causa de proyectos mal definidos o con malos expedientes; la cantidad de obras paralizadas cuyo monto se traduce en más de S/ 30.000 millones —lo cual es escandaloso para un país que necesita infraestructura—, entre otros factores.

REGLAS INESTABLES
A su turno, Luis Robas, de la Contraloría, empezó su ponencia planteando una interrogante: ¿el marco que regula las contrataciones en el Estado nos ha permitido construir una institucionalidad positiva que favorezca la provisión de bienes y servicios públicos? La respuesta, según su criterio, es no.

“Lo que hemos tenido durante los últimos 30 años es un conjunto de reglas inestables. Hemos sufrido una proliferación regulatoria. Desde la publicación de la ley 26850, allá por diciembre de 1996, y las posteriores publicaciones del Decreto Legislativo 1017 y la actualmente vigente ley 30225. En conjunto, estas dos últimas han sufrido más de dos docenas de modificaciones”, explicó.

Agregó que los reglamentos del DL 1017 y la ley 30225 han sido modificados con una veintena de dispositivos. “Todo ello crea una proliferación que, en vez de traer estabilidad, seguridad jurídica y certidumbre a los actores de la contratación pública, ha ocasionado más complicaciones”, sostuvo.

Comentó que hay administradores de contratos que tienen hasta cinco obras bajo su responsabilidad. Cada una de estos con un marco legal aplicable distinto. “Prácticamente tienen que hacer magia o malabarismos para poder administrarlos correctamente. Entonces, hay una proclividad que el propio sistema regulatorio está generando hacia el error”, refirió.

Así las cosas, Robas comentó que el diagnóstico es que tenemos reglas complejas, rígidas, basadas en la desconfianza, que restan discrecionalidad al funcionario y, por el contrario, le ponen un corsé que le impide solucionar problemas.

“Cuando uno construye reglas deficientes, lo que está haciendo es magnificar los riesgos en lugar de brindar a los actores herramientas que ayuden a gestionarlos”, dijo.

Robas consideró necesario construir una nueva ley de contrataciones, pero no con parches, sino un nuevo marco que permita atravesar las turbulencias que siempre azotan a las obras públicas.

Este nuevo marco, según dijo, deber sencillo, flexible y orientado a la consecución de objetivos públicos, es decir, que las obras se culminen eficientemente.

PROPUESTA EN MARCHA
Tras Luis Robas, César Candela, director del Centro de Contrataciones con el Estado de la USMP, tomó la palabra y coincidió en que sí es necesaria una reforma de la Ley de Contrataciones Públicas.

En ese sentido, presentó una propuesta que todavía está en proceso de elaboración, pero que está estructurada en cuatro puntos básicos: (1) unificar la legislación, (2) agilizar los procedimientos, (3) reactivar las obras paralizadas e (4) impulsar la participación de las empresas nacionales.

El especialista explicó que, según el MEF, existen ocho pasos para el proceso de registro y posterior reactivación de obras públicas que están paralizadas. Entre estos se incluyen los informes de avances de obras, el estado situacional de las obras paralizadas, la elaboración de expedientes técnicos de saldos de obras y la aprobación de estos documentos.

Precisamente, sobre obras paralizadas, reveló que, a setiembre de este año, hay 2445 obras por contrata que están paralizadas, las cuales representan un valor de S/ 18.360 millones. De ese total, existen 1776 obras que están bajo el ámbito de los gobiernos locales, “lo cual significa que estos gobiernos tienen, en promedio, casi una obra por contrata paralizada”, explicó Candela.

Considerando ese panorama contraproducente, detalló que la propuesta de nueva ley de Contrataciones públicas que plantean tiene por finalidad cuidar el valor de los recursos públicos que se invierten y promueven la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Ello para lograr una correcta y positiva repercusión en las condiciones de vida de los ciudadanos, y con especial respeto a los principios que rigen la contratación pública, entre estos mencionó cinco: (1) legalidad, (2) libertad de concurrencia y pluralidad de postores, (3) presunción de veracidad, (4) responsabilidad administrativa y (5) equidad y colaboración.

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