Justos pagan por pecadores

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley (Nº 4647-2019) que propone la modificación de la Ley de Tributación Municipal a fin de que las municipalidades dispongan el incremento del monto del impuesto predial y de los arbitrios de inmuebles en proceso de construcción, a partir del término de la vigencia de la licencia de habilitación urbana o de edificación. Se modifica la norma actual que dispone que tal exigencia procede luego de la obtención de la recepción o de la conformidad de obras.

Se aduce que existen casos – la exposición de motivos no señala el número y su impacto en la recaudación- en que los propietarios no tramitan la conformidad o la recepción de obras, para evadir el pago de impuestos. Puede que eso ocurra, sobre todo entre quienes construyen para sí mismos y con su dinero – pero no es el caso de los promotores inmobiliarios formales que no tienen ningún incentivo para retrasar la formalización de la culminación de las obras, porque ello conlleva mayores costos financieros y posibles multas por incumplimiento en la entrega de obras. Por si fuera poco, al culminar las obras y transferir la propiedad a sus clientes, son éstos últimos los que asumen el pago de tributos prediales y arbitrios.

CAPECO ha hecho llegar su opinión contraria al proyecto de Ley, proponiendo más bien que se exija a las municipalidades que acaten el mandato de la Ley de licencias de efectuar la supervisión del 100% de las obras que autoriza. Si esto ocurre, la municipalidad conoce en qué momento una obra se culmina.

Bastaría entonces un cambio en el Reglamento de la Ley Nº 29090 que establezca un plazo suficiente posterior a la última visita de supervisión de las edificaciones o habilitaciones urbanas construidas para iniciar el procedimiento de conformidad o recepción de obra, según corresponda. Vencido este plazo, la municipalidad queda facultada para proceder al ajuste del valor predial con fines tributarios.

Nuestra institución ha planteado además una serie de iniciativas para incrementar la recaudación del impuesto predial, que en el Perú es menos de la mitad del promedio latinoamericano. No se logrará nada si es que se castiga al que no tiene ningún incentivo para evitar el pago del impuesto y si no se supervisa a quien sí tiene algo que ganar si es que la municipalidad no cumple con sus facultades de control urbano.