Las tareas prioritarias para reactivar la construcción

Los repentinos cambios en las carteras de Vivienda y de Transportes ha generado un compás de espera sobre las acciones que espera desarrollar el gobierno del presidente Vizcarra para recuperar el ritmo de crecimiento del sector construcción, luego de que los resultados alcanzados en el primer bimestre del 2019 fuesen mucho menos auspiciosos de lo que se esperaba, y reflejan las dificultades que tendrá el sector para alcanzar el crecimiento que, tanto las cifras oficiales como los resultados de nuestras encuestas, auguraban. Esto ha generado que las proyecciones sectoriales, tanto las oficiales como las que CAPECO registra bimestralmente a través del Informe Económico de la Construcción, se ajusten hacia la baja.

Desde el tercer trimestre del año pasado, nuestra Cámara dejó constancia de que la apuesta del gobierno de sustentar el crecimiento sectorial en la recuperación de la inversión privada implicaba muchos riesgos. Por lo pronto, la realidad ha demostrado que estas preocupaciones respecto a la marcha de la inversión minera debido a la oposición de autoridades regionales o locales tenía asidero, como lo reportan los casos de Bambas y de Tía María. De la capacidad que tenga el Gobierno Central de encontrar una solución aceptable para la reanudación de la actividad en Bambas dependerá en gran medida que el intento de actores políticos contrarios a la minería por extender este conflicto a otras regiones no prospere. De lo contrario, la construcción será impactada por una menor inversión en la actividad minera.

Es muy significativo que las propias estimaciones oficiales hayan reducido a casi la tercera parte (de 2.8% a 1.0%) el crecimiento esperado de la inversión pública para el presente año por razones que ya habían sido identificadas por Capeco anticipadamente: entrada en vigencia de una nueva norma de contratación pública a la que se suma la asunción de autoridades completamente nuevas en los gobiernos locales y regionales. También ha influido el hecho de que un número importante de obras que suman más de 16 mil millones de soles (es decir casi la mitad de la inversión pública de un año) se encuentren paralizadas, en razón de estar afectadas por posibles casos de corrupción.

Desde hace mucho tiempo, CAPECO sostuvo que la renuencia de las instituciones financieras a otorgar fianzas a las empresas afectadas por procesos de investigación judicial iba a impedir la reanudación de las obras y propuso la constitución de fideicomisos como una alternativa a las cartas fianza o pólizas de caución. La nueva norma de contratación pública ha recogido parcialmente esta recomendación, pues solamente permite el empleo de este mecanismo para los adelantos de obra, restricción que parece haber dificultado el funcionamiento de este mecanismo. Si este problema subsiste, se mantendrá la tendencia a la baja en el avance de la obra pública durante el presente año.

En el sector inmobiliario y en particular en el segmento de vivienda social, las perspectivas para este año son mucho mejores, pero la concreción de estas previsiones demanda redoblar los esfuerzos para lograr la consolidación de la alianza público-privada que se requiere para afrontar con éxito el inmenso, pero indispensable objetivo de lograr que la vivienda formal y la ciudad ordenada beneficien a todos los peruanos.

CAPECO había alcanzado al ministro Carlos Bruce una agenda de trabajo que contenía catorce propuestas puntuales para reencausar la marcha del sector en el corto plazo, que ahora deberían formar parte de la agenda del nuevo ministro, que al momento de escribir estas líneas todavía no había sido designado. Entre estos planteamientos, se encuentra la necesidad de que el Ministerio de Vivienda haga uso de las competencias que le otorga la ley para ejercer una labor dirimente en los procedimientos administrativos de habilitación urbana y de edificación que desarrollan las municipalidades.

Lamentablemente, en no pocos casos, las nuevas autoridades municipales han tomado decisiones ilegales e irrazonables que están perjudicando el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entre estas, se puede mencionar la suspensión o anulación injustificada de licencias, la cobranza de derechos o tasas por montos superiores a los límites legales o la aprobación de parámetros técnicos que van en contra de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Edificaciones, como la exigencia de áreas mínimas de ambientes o de viviendas o de dotaciones excesivas de estacionamientos, en determinados distritos.

Nuestra Cámara propone que el Ministerio de Vivienda utilice las facultades que le franquea la última modificación de la Ley 29090 para reducir la imprevisibilidad en la aplicación de los procedimientos burocráticos municipales. Primero, esta norma le reconoce el carácter vinculante a la opinión del Ministerio sobre la aplicación de la normativa técnica y administrativa en caso de discrepancias entre un administrado y la autoridad municipal. Y, en segundo término, la ley faculta al Ministerio de Vivienda a denunciar ante el Indecopi a aquellas autoridades municipales que impongan barreras burocráticas indebidas en trámites administrativos de construcción.

El ministerio debe ser más constante y riguroso en la aplicación de estas dos atribuciones, así como en la labor de detección y persecución de estas prácticas ilegales, para evitar que su proliferación perjudique el desarrollo del mercado inmobiliario formal. Para lograrlo, es necesario hacer un ajuste en los procedimientos que ha venido empleando el ministerio hasta el momento, con el propósito de otorgarles mayor seguridad jurídica y predictibilidad.

De otro lado, CAPECO considera necesario emprender una reforma significativa en el modelo de gestión de los servicios de saneamiento, para enfrentar eficientemente el desafío del agua en nuestro país. Nuestra Cámara ha hecho ver desde hace mucho tiempo del riesgo que implica para el país y para los ciudadanos el mantenimiento de una pésima política gubernamental que perpetúa la desigualdad, afecta la competitividad y alienta la informalidad, a través de un proceso al que la Cámara ha denominado el círculo perverso del agua.

Finalmente, CAPECO reitera su deber de promover el paradigma de la construcción responsable, que postula que los empresarios no podemos limitarnos a vender viviendas, fabricar materiales o crear infraestructura, sino que tenemos un compromiso mayor: el de generar progreso material tangible e impulsar la cultura de la formalidad entre nuestros ciudadanos. Estamos a disposición de los nuevos ministros, del gobierno y del país para tomar parte de todo espacio de diálogo que se convoque para alcanzar estos objetivos.

Enrique Espinosa Becerra
Presidente