Mayor competencia en proyectos de arquitectura para obras públicas

Por: Arq. Arturo Yep.
Decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.

Luego de 21 años, y tras varios intentos de visibilizar la importancia de los concursos arquitectónicos para garantizar la calidad de las obras públicas, el último día del 2018 se hizo realidad. Tal como lo fuera en años anteriores desde 1937 hasta 1998, previo a la promulgación de la Ley N° 26850 (Ley Consucode), que eliminó dichos concursos.

El Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, incluye en el Capítulo III: Concurso Público, el subcapítulo III: Concurso de Proyectos Arquitectónicos, el cual entró en vigencia a los 30 días de su publicación en el diario oficial El Peruano, es decir, el 31 de enero del presente año.

En un contexto en el que estamos próximos a celebrar el Bicentenario de la proclamación de la Independencia de nuestro país, resulta alentador la inclusión de los Concursos de Proyectos de Arquitectura para los proyectos de Inversión Pública, a fin de permitir seleccionar la mejor propuesta, que resuelva los requerimientos de la obra urbanística y/o edificatoria; así como evitar obras sin calidad o defectuosas que responden al criterio individual de una autoridad local y no al entorno social y urbano. Además, se podrá dejar atrás la mala práctica de elegir propuestas de “bajo costo” que al final, conlleva hacia el incumplimiento de los plazos de ejecución contractual y, por otro lado, se dejará de abusar con la aprobación de adendas que provocan el incremento de los costos.

ANTECEDENTES

Podemos identificar tres etapas en la historia de los concursos arquitectónicos:

Antes de la Sociedad de Arquitectos del Perú (SAP). Antes de 1937, año en que se creó la Sociedad de Arquitectos del Perú, la profesión de arquitecto no estaba establecida oficialmente, por ello, los pocos concursos que se realizaron en el país obedecieron al buen criterio de las autoridades y no a una norma. Es el caso del “Palacio de Gobierno” de 1903 y el “Concurso de Fachadas del Palacio Arzobispal” de 1916.

Sociedad de Arquitectos del Perú (SAP). Con la formación de la Sociedad de Arquitectos del Perú (SAP) en 1937, empieza la delimitación del campo profesional del arquitecto y se establece la reglamentación de su ejercicio profesional. Asimismo, se instituyen los concursos arquitectónicos para las obras públicas, dirigidos a todos los arquitectos del país. Aquí el SAP cumplía roles de control y observación.

Posteriormente y siguiendo el modelo de trabajo de las asociaciones de arquitectos del continente americano, la SAP logra participar como auspiciador, colaborando en la elaboración de las bases e instaurando la figura del consultor encargado de organizar el concurso. También propugna el establecimiento de honorarios en relación al costo de la obra, determina la conformación del jurado, entre otros.

Dentro de los principales concursos con participación de la SAP, tenemos el Club Regatas del Callao y la Municipalidad de Miraflores (1940), la Sede de la Sociedad de Arquitectos (1942), Facultad de Medicina de la UNMSM (1951), Aeropuerto Jorge Chávez (1960) y la Beneficencia Pública de Arequipa (1961), entre otros.

Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) En 1962, con la Ley 14085 de creación del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), se establece la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional y los principios que lo regulan, entre ellos la obligatoriedad de los Concursos Públicos de Arquitectura, que permite definir transparentemente el proyecto arquitectónico que se ejecutará con los recursos públicos. Se reglamentó el sistema y se adquirió el reconocimiento como la única institución capaz de convocar concursos públicos de arquitectura, siendo la década del 70 la de mayor auge.

EL TIEMPO Y RECURSOS PERDIDOS

Durante más de 20 años estuvo vigente un marco normativo que eliminó los Concursos de Proyectos de Arquitectura, y que solo se limitaba a regular los procedimientos para las compras de bienes y servicios en las licitaciones del Estado, en el que se trataba la función del diseño arquitectónico como un servicio en el que no se evalúa la conceptualización, adaptabilidad y calidad arquitectónica y urbanística del proyecto en desmedro de la calidad de la obra final; y la pérdida de oportunidad para lograr una obra o proyecto que mejore el espacio urbano e impacte favorablemente a la ciudad.

El no tener concursos públicos de arquitectura y tener un marco normativo por el cual los proyectos de inversión pública gozan de la licencia de edificación automática, es decir estar exonerados de la revisión de los proyectos por comisiones técnicas municipales, quienes son las entidades que verifican el cumplimiento de los parámetros arquitectónicos y urbanísticos aprobados por la municipalidad, alteró en muchos casos la calidad urbanística de las ciudades porque el proyecto no se identificó a partir de un estudio arquitectónico urbanístico, que explique las relaciones con su entorno, sino por un estudio de inversión.

A ello se suma, los constantes y extendidos vicios ocultos, vacíos, incompatibilidades e inconsistencias que se identifican en los proyectos, producto de un expediente mal elaborado y los escasos controles por parte de la entidad licitante, el incumplimiento de los parámetros preestablecidos, los procesos no considerados, pero si resueltos con su inclusión posterior, que se reflejan en los mayores gastos adicionales dentro de los plazos extendidos, es decir, un efecto ineficiente y poco satisfactorio, con el resultado de que al final, no resuelve el problema inicial y por tanto, no contribuyen a lograr las ciudades que queremos.

 

Banco Central de Reserva del Perú producto del concurso arquitectónico del año 1966; Sede Administrativa de Petroperú (1970), Banco Minero del Perú, año 1967 (actual sede de la Sunat); así como el Complejo Administrativo Sector Pesquero, 1970, (actual sede del INC-Museo de la Nación).

 

La modificación del Reglamento de Contrataciones de Obras del Estado ha establecido que la realización de los concursos de proyectos de arquitectura no debe conllevar costos adicionales porque forma parte del monto valorizado del expediente técnico, es decir, el concurso de proyectos de arquitectura es parte de la fase del expediente técnico.

Es preciso señalar que es de igual o mayor importancia que los concursos de arquitectura y urbanismo se realicen en la fase de la preinversión para que el mejor anteproyecto o mejor idea de proyecto se incorpore en el Perfil del Proyecto de inversión y de esta manera fomentar la realización de concursos de Ideas de Anteproyecto.

BENEFICIOS

Son muchas las obras cuyo diseño y calidad se han mantenido con los años, siendo estos visibles y una muestra tangible de los excelentes resultados que se logran con los concursos arquitectónicos. Ellos se podrían resumir en:

– Se podrá seleccionar la mejor propuesta, la que resuelva los requerimientos de la obra urbanística y/o edificatoria que se pretende construir. En ocasiones la autoridad política condiciona determinadas características de la arquitectura cuando no son necesarias incurriendo en mayores costos, que, desde el punto de vista racional, funcional y estético, lo más probable es que muchas de estas obras se calificarían como innecesarias. Por ello, la inversión pública a través de los concursos va a ser mucho más racional y conllevará a hacer más eficiente el gasto público. Con la intervención de los arquitectos se velará por el cumplimiento de todos los requisitos que tiene un proyecto. Por ejemplo, si en el proyecto está contemplada la afluencia de público, de visitantes de carácter temporal o permanente, entonces tiene que calcularse la dotación de estacionamientos necesarios y que debe resolverse al interior del predio, no afuera.

– Transparencia y eficiencia en el proceso del Concurso con la participación de profesionales de la arquitectura. Se podrá garantizar un proceso de transparencia para lograr una obra de calidad porque en el sistema anterior se privilegiaba el proyecto de menor costo, es decir, importaba más lo económico que lo arquitectónico y técnico. Esta práctica resultaba al final una caja de sorpresas, porque un proyecto más barato está lleno de ineficiencias, y no responde al objetivo del proyecto, y en su ejecución esto conlleva a modificaciones, ampliaciones y adenda. Cada una de estas modificaciones implicaba adicionales que forzaba a superar el límite superior que establece la ley. En ocasiones las partes no llegan a acuerdos y se caía en la judicialización de los proyectos.

– Un expediente técnico único, que permitiría convocar a la licitación pública para la ejecución de las obras con los mismos términos de referencia, los postores se presentarán en igualdad de condiciones y podrán presupuestar las mismas obras, lo que reducirá el margen para adicionales futuros y se establecerán con más precisión los plazos de ejecución de las obras.

– El Colegio de Arquitectos del Perú, recuperaría el reconocimiento como una institución capaz de convocar, organizar y auspiciar los concursos públicos de arquitectura para obras publicas de impacto urbano, para definir el proyecto arquitectónico que se ejecutará con recursos públicos.

– El resultado de los concursos públicos, evitaría la ejecución de obras sin calidad o defectuosas, asimismo se impediría que se duplique o triplique el monto inicial contratado y también el incumplimiento de los plazos de ejecución, debido a imprevistos y otras razones.

– Finalmente se estaría logrando calidad arquitectónica, y ello significa calidad urbanística. Así, nuestras ciudades, nuestros espacios urbanos van a empezar a mejorar. Una muestra de ello son los proyectos arquitectónicos hechos en el pasado a través de concurso público, los cuales han contribuido a la calidad del espacio urbano. Por ejemplo, el Palacio Arzobispal, uno de los primeros proyectos hechos por concurso, posee una calidad de fachada, que constituye un referente de la arquitectura, un lugar de atracción. El edificio de Petroperú también es un referente de calidad arquitectónica que nadie pretende modificar, forma parte del patrimonio moderno y contribuye al espacio urbano; incluso en ocasiones cuando ese edificio público cambia de uso, se puede modificar o adaptar. Otro caso conocido es el antes Ministerio de Pesquería, hoy Museo de la Nación, que luego de pasar por varias reorganizaciones, se ha ido adaptando para ser la actual sede del Museo. Es decir, que se ha sido acondicionando, ello significa que en cada etapa se plantea una remodelación y para ello lo que corresponde es un nuevo concurso para cada intervención. Se debe evitar que sea responsabilidad de un funcionario resolver un tema de interés nacional. Por ello se debe convocar a un concurso público, que planteará la mejor solución del punto de vista interno y externo, considerando, el espacio urbano y la funcionalidad interna.