No está claro el D.L. N° 1366 que involucra la adquisición y expropiación de inmuebles

El 23 de julio de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1366, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.
Con las modificaciones efectuadas se busca dar mayor celeridad a los procesos de adquisición y expropiación que permitan la ejecución de obras de infraestructura, lo cual beneficia a toda la sociedad; sin embargo, tal como lo ha expresado Capeco en anteriores oportunidades, se debe cuidar que estas disposiciones basadas en políticas de eficiencia en la gestión del Estado no colisionen con derechos de los ciudadanos, en especial si están protegidos por la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, especial cuidado deberá tenerse cuando se aplique la disposición que modifica el literal e) del artículo 5.5 del mencionado Decreto Legislativo, el cual refiere que los títulos, autorizaciones, licencias, permisos u otros otorgados por entidades del Estado, que contravengan los alcances de la anotación preventiva, son nulos de pleno derecho. Esto como resultado de la obligación del sujeto activo (entidad del Estado) de notificar a las Municipalidades Distritales y Provinciales correspondientes sobre las inscripciones de las anotaciones preventivas de las áreas que comprenden los proyectos de infraestructura, para su incorporación en los planes de desarrollo urbano, usos de suelos y otras disposiciones relativas al suelo.

No queda claro cómo una “anotación preventiva” genera la nulidad de pleno derecho de actos administrativos válidamente aprobados por las autoridades competentes. Esta disposición no se condice con los preceptos establecidos por la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Se entiende, tal como se indica en el inciso b) del mismo numeral, que las áreas que forman parte de la anotación preventiva no pueden ser objeto de acciones de saneamiento físico legal, habilitaciones urbanas, cambio de zonificación y autorizaciones de edificación y licencias, por parte de cualquier entidad pública, así como los procesos iniciados al amparo del artículo 21 de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común; ya que son actos posteriores; sin embargo, si existen estos actos  debidamente inscritos con anterioridad, lo más razonable y legítimo es que estos se conserven hasta que se realice la inscripción definitiva, toda vez que, por alguna razón técnica, puede desestimarse la adquisición o expropiación del predio.

Este razonamiento legal sobre uno de los efectos que tiene la anotación preventiva tiene, también, especial relevancia en la etapa de discusión del valor del perjuicio económico, el cual incluye el lucro cesante, tal como se dispone en el artículo 13.2. Cuando se discuta el lucro cesante en la tasación deberá contemplarse la vigencia de las licencias o autorizaciones que se tenía sobre el predio así como los cambios de zonificación operados, ya que estos pueden haber generado derechos a compensar; lo cual sería difícil de considerar si son anuladas sin evaluación previa de las mismas. La incorporación del último párrafo del literal e) del artículo 5.5 resulta innecesaria y puede, más bien, inducir a error y discusión. Ya el inciso b) del mismo artículo dejaba claro el tema.