Pasemos de la indignación a la acción

En días recientes, la opinión pública fue informada sobre la probable comisión de delitos de corrupción en la tramitación de proyectos de agua y saneamiento que fue denunciada por el alcalde del distrito huamanguino de San Juan Bautista. Fue el propio presidente Vizcarra quien señaló a funcionarios del Ministerio de Economía como posibles responsables de exigir el pago de una coima a la autoridad local para disponer la priorización de la obra. Debe relevarse el interés que ha puesto el Primer Mandatario por que se investigue a fondo este hecho, así como la rápida reacción de los ministros de Economía y de Vivienda para que tanto los Órganos de Control Interno como la Procuraduría de sus respectivos despachos inicien los correspondientes procesos de auditoría, investigación y denuncia.

Pero este hecho deja en evidencia que la gestión de la inversión pública sigue siendo impactada por la corrupción y que ésta no solo se da en grandes proyectos de infraestructura, sino que se presenta en todos los niveles de gobierno, incluso en instituciones como el MEF que durante mucho tiempo han sido consideradas como “islas” de eficiencia y buen gobierno, pero que no son inmunes a ser infiltradas por la corrupción.

Desde que estalló el llamado caso Lavajato, CAPECO ha puesto énfasis en la necesidad de modificar radicalmente el modelo de gestión pública de las infraestructuras y de las edificaciones en nuestro país, para hacerla más eficiente, más transparente y de mejor calidad. La implantación de un nuevo modelo implica la adopción de una estrategia integral que la Cámara ha plasmado en un Pacto Ético para la Actividad Constructora (ver artículo sobre la Visión y compromiso de CAPECO con la Construcción Responsable).

En el caso de las inversiones que efectúa el Ministerio de Vivienda, el cambio de modelo debe tener en cuenta que una parte importante de aquellas corresponde a proyectos medianos y pequeños de agua y saneamiento, de mejoramiento de barrios o de vivienda rural que se ejecutan mediante transferencias financieras a gobiernos regionales o locales, a empresas prestadoras de servicios y a núcleos ejecutores. Por lo general, no existen criterios transparentes ni uniformes para la priorización de estos proyectos mientras que la supervisión de obras y de la operación de infraestructuras resultantes presenta notorias debilidades. Todo ello configura espacios significativos para la discrecionalidad en la selección y para la corrupción, como se ha comprobado en el caso denunciado por el alcalde de San Juan Bautista.

Una salida adecuada para este tipo de proyectos sería adjudicarlos bajo la modalidad de Fondos Concursables, a través de la cual el Ministerio: (a) distribuye los recursos de sus diferentes programas en función de parámetros territoriales; (b) establece criterios técnicos, económicos y sociales para la presentación, evaluación y selección de proyectos; (c) convoca a las comunidades y a las entidades públicas locales o regionales a participar conjuntamente en postulaciones públicas; (d) selecciona los proyectos a beneficiar mediante evaluaciones transparentes a cargo de instancias conformadas al menos parcialmente por profesionales independientes; (e) exige que el diseño, construcción y supervisión de obras sean desarrolladas por entidades técnicas, públicas o privadas, acreditadas por el Ministerio de Vivienda, proscribiendo la ejecución bajo la modalidad de administración directa; (f) efectúa un monitoreo de las infraestructuras resultantes en su etapa de operación y mantenimiento; (g) realiza una evaluación integral de la efectividad de la inversión y reajusta a partir de ella los criterios utilizados para la elegibilidad de los proyectos.

Se conoce que desde hace mucho tiempo se vienen acumulando en los distintos programas a cargo del Ministerio de Vivienda, un número importante de proyectos que no pueden ser atendidos por la insuficiencia de recursos, lo que genera frustración entre pobladores y autoridades, que se acrecienta cuando comprueban que a través del pago de coimas es posible acelerar los trámites. Los concursos de proyectos constituirían una opción justa, eficiente y transparente para “limpiar la tubería” y reducir sensiblemente la corrupción.

Sería también importante que los Bonos Familiares Habitacionales del Programa Techo Propio, en particular los de la modalidad de Construcción en Sitio Propio que también presenta un embalse de grupos elegibles no atendidos, sean adjudicados mediante postulaciones periódicas y criterios de evaluación previamente conocidos y no por “orden de llegada” como ocurre ahora, lo que da pie a un manejo discrecional y poco transparente de los subsidios.

Estamos a tiempo de poder implementar –al menos de manera paulatina- esta metodología a partir del próximo año. Sería deseable que el presidente de la República lo proponga en su
Mensaje de Fiestas Patrias y que se incluya en la Ley de Presupuesto del 2019. Se trataría de una señal clara y concreta para evitar que la justa indignación que ha provocado el caso de la Municipalidad de San Juan Bautista no sirva para nada.

Enrique Espinosa Becerra
Presidente