Propuestas económicas y políticas sectoriales del nuevo gobierno deben generar confianza y reformar el Estado

“Informe Económico de la Construcción de CAPECO #41 – 2021”

  • CAPECO señala que dicha reforma -para generar un desarrollo sostenible- tendrá que llevarse con pleno respeto a las libertades y al Estado de Derecho sin pretender cambiar todo.
  • No obstante, el gremio advierte que la incertidumbre respecto a la orientación general y políticas del nuevo gobierno afectan las expectativas de inversión de empresas y familias.
  • Por otro lado, el IEC de CAPECO revela que el fuerte crecimiento del sector construcción contribuye con la economía y la generación de empleo.

Lima 27 de mayo 2021.– A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en el país, el reciente Informe Económico de la Construcción #41 de CAPECO, muestra que las propuestas económicas generales y las políticas sectoriales del nuevo gobierno deberían ir en el sentido de generar confianza hacia el futuro. El gremio recomienda reformar el Estado para generar un desarrollo sostenible, el cual deberá llevarse con pleno respeto a las libertades y al Estado de Derecho sin pretender cambiar todo. Por otro lado, la construcción llegará al cambio de mando con once meses de crecimiento consecutivos, pues, el fuerte crecimiento del sector continúa contribuyendo con la economía y el empleo.

Respecto al producto bruto interno de la construcción, se espera que este incremente en más de 1000% en el mes de abril, pues la actividad constructora alcanzaría un resultado positivo por primera vez desde que inició la pandemia de la COVID-19.  Solo en marzo, el PBI de la construcción se incrementó en más de 133%, la tasa más alta de los últimos trece años, siendo además el sector económico que mejor desempeño tuvo durante el primer trimestre del 2021: 42%, esto significa, diez veces más que el PBI nacional.

En cuanto a la ejecución de la obra pública, presentó un crecimiento del 79% en el primer cuatrimestre del 2021, igualando el periodo del 2020 y superando en más de 50% a las cifras alcanzas entre enero y abril del 2019 y 2018.

El desembolso de créditos hipotecarios tuvo un mejor comportamiento respecto a abril 2020 y marzo 2021, periodo en el que sufrió una caída del 22%. En el primer trimestre del presente año, creció a un ritmo promedio del 15% mensual; además, en marzo, se otorgaron 4,657 préstamos, siendo este un récord histórico.

La colocación de créditos con recursos del Fondo Mivivienda también se ha ido recuperando progresivamente, habiendo alcanzado las 1,097 operaciones en marzo del presente año, siendo este su mejor resultado desde diciembre del 2019. El índice de morosidad de créditos hipotecarios en el total del sistema financiero se ha mantenido en 3.6% en los últimos seis meses, y el del segmento Mivivienda ha permanecido en 5.6% desde enero del presente año.  

Este IEC #41 de CAPECO revela que, entre enero y abril, se han desembolsado 22,794 Bonos Familiares Habitacionales, lo que implica un aumento del 91% con respecto al mismo periodo del 2020, representando el mejor inicio de año del programa Techo Propio desde su creación.

Otro punto importante es el empleo en la actividad constructora, el cual registró un crecimiento del 56% en Lima Metropolitana durante el trimestre febrero-marzo-abril 2021, respecto al mismo trimestre del año anterior. El número de personas empleadas en este periodo superó los 32,100 puestos de trabajo, a diferencia del que se alcanzó en el primer trimestre del 2020 previo a la pandemia. Vale precisar que esta recuperación se ha sustentado en el empleo informal, que aumentó 65%, mientras que el formal disminuyó 9%.

CAPECO, refuerza en esta edición del IEC la necesidad de la implementación de iniciativas integrales como la modificación de una parte importante del marco normativo y administrativo que rige el desarrollo territorial, la vivienda y la construcción; para así poder encarar problemas como: el alto déficit de infraestructura, la ocupación informal del suelo y la producción informal de viviendas, la incapacidad del Estado para proveer bienes y servicios básicos de calidad y la inexistencia de mecanismos eficientes y transparentes para facilitar la colaboración entre actores públicos y privados. Para ello, el gremio propone una agenda de 10 iniciativas a ser discutidas entre la sociedad y el Estado, en el marco de un diálogo institucionalizado con el objetivo de aportar a las mejoras del sector construcción:

  1. Descentralizar el proceso de planificación territorial así como la mejor articulación entre los mega-proyectos productivos y de infraestructura con los objetivos de desarrollo territorial y de bienestar de la población.
  2. Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda, especialmente social, y de equipamientos urbanos.
  3. Impulsar la articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de salud, educación y agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
  4. Adoptar un nuevo modelo de gestión de obras públicas que permita introducir mecanismos de priorización de inversiones; procesos de contratación y control más eficientes, que contribuyan a evitar la corrupción y que aseguren un mejor desempeño de las infraestructuras durante toda su vida útil.
  5. Asignar mayores recursos estatales, así como promover la inversión privada para la atención de los graves déficits acumulados y las demandas futuras de infraestructura, equipamiento y vivienda en todo el territorio nacional.
  6. Fortalecer los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales.
  7. Poner en marcha una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
  8. Perfeccionar los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
  9. Incrementar los ingresos municipales, especialmente del impuesto predial, mediante mecanismos más equitativos e incentivos para pagar obligaciones tributarias.
  10. Propiciar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical, el respeto irrestricto del régimen laboral de trabajadores de construcción civil en todas las obras públicas y privadas que se ejecuten a nivel nacional, la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción, así como la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada que afecta al sector.