¿Qué impide a nuestras autoridades tomar acciones que eviten tragedias?

Por: Jorge Zapata Ríos.
Empresario inmobiliario.

El 27 de marzo de 2015 un diario nacional daba cuenta de la siguiente noticia: “Donato Mamani, de 65 años de edad, creyó que era el fin al ver desde la cima de un cerro cómo un huaico arrasaba todo a su paso por las calles de su natal Mirave…”, “¡Evacúen! ¡Salgan!” gritaron desesperados habitantes del centro poblado de Mirave, quienes desde el cerro observaron cómo un huaico cubría viviendas, calles y vehículos…”.

Estas crónicas que parecieran relatar el mismo hecho, tienen fechas distintas aunque no muy lejanas. Para ser precisos, el segundo relato corresponde a una noticia del mismo diario, pero de fecha más reciente: 9 de febrero de 2019.

“El centro poblado de Mirave provincia de Jorge Basadre departamento de Tacna se ubica en la desembocadura de una quebrada y desde siempre se ha advertido el riesgo de un desastre en épocas de avenidas. En el 2015 ocurrió un desastre similar y desde entonces se trató de lograr un acuerdo de reubicación. No se tuvo éxito…”; continúo narrando la publicación.

¿Qué impide a nuestras autoridades tomar acciones que eviten tragedias de las que dan cuenta los medios de forma recurrente? No otra cosa que falta de decisión política y de gestión, ya que cuentan con instrumentos como: la Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, la Ley que aprueba el Bono Familiar Habitacional y dicta medidas complementarias para el acceso a la vivienda de la población vulnerable, entre otras.

Los alcaldes deben resolver los problemas de vulnerabilidad ante desastres naturales de los poblados de sus jurisdicciones. Las poblaciones en riesgo deben ser reubicadas y las normas y procedimientos que hay al respecto les facilitan la tarea. Lo único que hace falta es que a esta normatividad las autoridades le sumen decisión y un componente importante de gestión que al momento no existe. Pocos gobiernos locales tienen en el foco de sus planes de desarrollo urbano, programas de construcción de vivienda sostenible y ese es precisamente un buen ejemplo de falta de gestión; siendo quizás la principal tarea pendiente para poder mitigar los recurrentes y costosos efectos de los desastres naturales.

Lo que impide a nuestras autoridades tomar acciones que eviten tragedias es la falta de decisión política y de gestión.

 

La construcción de viviendas para las reubicaciones respectivas debe hacerse apoyándonos en experiencias que han dado resultados positivos. Utilizando las sinergias que se generan entre el sector privado y el Estado en este tipo de proyectos. El privado construye con el apoyo de un programa como Techo Propio, y el Estado contribuye con la asignación de los Bonos correspondientes otorgados por el Fondo Mivivienda, y con los terrenos necesarios para el proyecto proporcionados por el municipio correspondiente. Con este modelo se vienen construyendo miles de casas hace varios años.

Coincidentemente, hace unas semanas recibimos una invitación del Ministerio de Vivienda para participar en concursos para construcción de condominios destinados a damnificados por desastres naturales. El precio fijado para la vivienda en estos concursos es de S/ 60,000.00, monto igual al Bono Familiar Habitacional que otorga el Fondo Mivivienda a damnificados y pobladores asentados en zonas de alto riesgo. A los pocos días de recibida la invitación, hicimos los números correspondientes a fin de evaluar la viabilidad económica-financiera de los proyectos, resultando ser negocios interesantes. De manera que es viable construir viviendas tanto para personas que las han perdido a causa de fenómenos naturales, como para aquellas en alto riesgo de pasar por tragedia similar.

Contrariamente, el artículo 6 del proyecto de Ley 1112 promovido por la congresista Marissa Glave de Nuevo Perú y aprobado en primera votación por el Congreso de la República, plantea que todos los proyectos de vivienda en cualquier circunscripción del país dispongan del 8% de sus unidades para damnificados por desastres naturales.

Este artículo más allá de vulnerar el artículo 59 de la Constitución, tiene inconsistencias de tal magnitud que lo convierten en un auténtico disparate. En primer término, no está sustentado en ningún estudio, ni cálculo científico, ni estadística alguna; luego, no entiende en absoluto cómo funciona el mercado inmobiliario; y por último, no ha contemplado que las poblaciones damnificadas difícilmente querrán moverse lejos de su jurisdicción; respecto a esto último, desarrolladores inmobiliarios que vendemos viviendas en proyectos Techo Propio, en el norte del país y a precios menores de S/ 60,000.00 incluso, podemos dar fe de que no tenemos una demanda importante por parte de personas damnificadas.

De manera que lo que hay que hacer es apoyarnos en programas que vienen funcionando hace años, en los que promotores inmobiliarios, entidades financieras y estado vamos de la mano, cada uno con su propio rol y con un expertise importante. Es decir, lo coherente es dar mayor impulso a algo que ya funciona y no intentar descubrir la pólvora.