¡Qué verde está la Costa!

El reciente deslizamiento producido en el acantilado de la Costa Verde ha motivado la suspensión del otorgamiento de licencias de construcción y la declaratoria de emergencia. Medidas razonables, siempre que no se piense que se trata de una solución definitiva. De paso, el alcalde Castañeda, frente a una circunstancia similar, ya había declarado la intangibilidad del acantilado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, medida que no ha sido derogada hasta la fecha y que a la luz de los hechos no ha sido solución alguna para la Costa Verde.

Demás está decir que convertir estos barrancos en zonas seguras demandará una gran inversión, y que esta es la razón por la cual hasta ahora no se ha podido intervenir seriamente para proteger esta zona estratégica de la ciudad. Para CAPECO, la verdadera solución está en aprovechar adecuadamente el potencial inmobiliario de la Costa Verde, como lo proponía el proyecto de Plan Maestro desarrollado por el equipo de arquitectos liderado por los arquitectos Raúl Flórez, Alberto Fernández Dávila y Manuel Zubiate, que participaron en el diseño del Malecón 2000 que transformó la parte de Guayaquil aledaña al río Guayas. El Plan Maestro fue aprobado por la Autoridad de la Costa Verde pero luego encarpetado por el alcalde Castañeda.

El Plan contemplaba la instalación de equipamientos urbanos en puntos estratégicos que ocupaban una pequeña área de la Costa Verde, manteniendo intangibles los acantilados y transformando el diseño de la infraestructura vial, segregando el tránsito rápido de las vías aledañas al mar. Es urgente retomar esta estrategia, fortaleciendo además a la Autoridad de la Costa Verde, incorporando al Gobierno Central y a las municipalidades del Callao, y otorgándole atribuciones para la promoción de inversiones inmobiliarias. Así, estas inversiones y la recaudación tributaria que generen las actividades económicas que se instalen en la zona, permitirán solventar las intervenciones para reducir los riesgos en los barrancos, que ya no admitirían nuevas construcciones, pues los derechos de edificación se trasladarían a las zonas fijadas en el Plan Maestro en la parte baja de la Costa Verde. Más aun, podría considerarse un modelo de intervención público-privado que permita el desarrollo simultáneo de las obras de protección de los acantilados y de los proyectos inmobiliarios. Todo esto es factible y necesario, pero se requiere que las autoridades no se queden en atender las emergencias, resignándose a que ocurran. g