Un derrumbe más sí importa

En días recientes se ha producido un nuevo derrumbe en los acantilados de la Costa Verde, demostrando una vez más la inutilidad de las disposiciones que establecen su intangibilidad y de las soluciones precarias como el empleo de geo-mallas. Tanto el Ministerio de Vivienda como la Municipalidad de Lima señalan que se encuentra en ejecución un estudio a cargo del CISMID que identificará las zonas vulnerables y propondrá soluciones efectivas a este problema recurrente que ya se ha cobrado varias vidas. El alcalde de Lima, empero, ha señalado públicamente que el Gobierno nacional debe transferirle recursos para ejecutar las obras que recomiende el mencionado estudio.

Así ha sido desde hace muchos años. En la Costa Verde se ha invertido mucho dinero del Gobierno nacional para ejecutar obras que no terminan de consolidar a este espacio urbano estratégico para la ciudad capital y que, en términos de seguridad, solo implican paliativos que más temprano que tarde demuestran su inoperancia.

La solución definitiva, pasa en primer lugar en poner en marcha un nuevo Plan Maestro para la Costa Verde, que establezca las zonas en las que se pueden localizar equipamientos urbanos que puedan ser desarrollados y financiados por el sector privado. En esta edición de Construcción e Industria se ofrece un informe del arquitecto Manuel Zubiate que formó parte de un equipo profesional peruano que propuso un Plan en esa línea hace varios años, el que fue aprobado por la Autoridad Autónoma de la Costa Verde (AACV) pero que inexplicablemente fue encarpetado en el Concejo Metropolitano durante el segundo gobierno del alcalde Castañeda.

Si este plan se hubiera puesto en marcha, el tratamiento de los acantilados se habría financiado con el producto de la venta o concesión de los terrenos de propiedad pública y del impuesto predial y arbitrios que se recaudarían de las actividades inmobiliarias contempladas en el Plan.

Para que este Plan funcione es necesario fortalecer el rol y el modelo de gobernanza de la AACV, que comience por integrar a la Municipalidad Provincial del Callao -absurdamente ignorada en la gestión de un área pública de la que forma parte geográficamente- y al Gobierno central que es el que más ha invertido en la Costa Verde, y por concederle capacidades técnicas y administrativas para actuar en el mercado, de manera tal que se pase de un modelo reactivo en el que la Autoridad opina y aprueba, a otro proactivo en que la entidad impulse y gestione el desarrollo de proyectos urbanos tanto públicos como privados.

Aunque pareciera que la AACV está lejos de emprender una solución integral como esta cuando la prioridad es reducir el riesgo de derrumbes, si esta entidad propusiera un Plan Integral y este fuera aprobado por las municipalidades involucradas y por el Gobierno central, sería más fácil conseguir recursos para las obras urgentes, dado que el Ministerio de Economía entendería que se trata de una inversión que se recuperaría con la puesta en marcha de los equipamientos urbanos contemplados en el Plan.