A propósito de la agenda del bicentenario

Los resultados del 21vo. Informe Económico de la Construcción muestran un panorama moderadamente optimista para la actividad constructora en lo que queda del 2018 y en el próximo, aunque estas perspectivas están condicionadas a una serie de factores que trascienden la industria. Desde CAPECO se ha venido reclamando una posición prudente respecto a las posibilidades de crecimiento del sector construcción y requiriendo del gobierno un manejo responsable y consensuado de las políticas públicas. Anteriormente hemos alertado sobre la inconveniencia de reducir a la mitad los precios tope de viviendas a financiar a través del crédito Mivivienda, y acerca de lo perjudicial que resultaba generar sobre-expectativas con un producto nuevo como el “leasing inmobiliario” sin una profunda investigación del mercado.

Por el lado de infraestructura, hemos insistido respecto a la imposibilidad de ejecutar el Plan de Reconstrucción con Cambios en tres años aprobado por ley y de reclamar prudencia en las
promesas frente a la población afectada. CAPECO pide hoy igual prudencia ahora que el gobierno acaba de anunciar el lanzamiento del Plan Bicentenario, donde se han incluido obras por más de 30 mil millones de soles y una serie de acciones dirigidas a reducir la corrupción, hacer más competitivas las actividades productivas y extender el bienestar social a aquellos compatriotas que se encuentran todavía al margen de los beneficios de la formalidad y del progreso.

El presidente Vizcarra está tratando de corregir una gruesa omisión que le fue legada: no establecer oportunamente objetivos, metas ni lineamientos estratégicos para recibir el segundo centenario de la independencia con una visión de futuro para el país. Sus buenas intenciones, sin embargo, se enfrentan a la poca disponibilidad de tiempo y, sobre todo, a la precariedad de la institucionalidad.

Mientras no cambie el modelo de gestión de políticas públicas, la gran mayoría de los ambiciosos proyectos que componen la Agenda del Bicentenario pueden terminar en promesas inalcanzables.

Desde hace años CAPECO ha defendido la necesidad de abordar eficientemente los tres grandes desafíos para que el país alcance el desarrollo sostenible: modernización de las ciudades
y acondicionamiento del territorio; lucha contra la informalidad; y la modificación radical del modelo de gestión de la infraestructura y equipamientos públicos. Para cada uno de estos retos, CAPECO ha propuesto iniciativas.

Respecto a la ciudad, hace cuatro años se propuso “La fórmula para una mejor ciudad”; y antes de fin de año se presentará una Agenda de mediano plazo para el desarrollo ordenado de las ciudades, que se pondrá en manos de las nuevas autoridades municipales. Hace poco, durante la inauguración de EXCON, se presentó la propuesta “Construyendo formalidad” que plantea cinco líneas estratégicas para reducir sensiblemente la informalidad en el sector y la sociedad, y muestra las iniciativas concretas que CAPECO viene trabajando para demostrar que este propósito no solo es deseable, sino también posible.

El año pasado se presentó la Iniciativa In4 dirigida a lograr una construcción pública innovadora, eficiente y honesta. Se propuso, además, suscribir un Pacto por la Ética en la Construcción entre los diferentes actores públicos y privados para llevar adelante esta agenda de reformas impostergables.

Los resultados de estas reformas no se verán en el corto plazo, y corregir debilidades que vienen de décadas en poco tiempo es imposible, por ello se propone llegar al Bicentenario con cinco
instrumentos fundamentales y consensuados:

Una nueva estructura de organización estatal para la planificación territorial y para la gestión de infraestructuras y equipamientos públicos.

Para ello se propone constituir seis entidades autónomas de planeamiento territorial (una de las cuales correspondería a Lima), en el marco de un proceso de descentralización y fortalecimiento del CEPLAN.

Un Plan Nacional de Infraestructura, que establezca lineamientos nacionales de desarrollo, identifique y priorice las principales necesidades a satisfacer, defina mecanismos para gestionar las infraestructuras, determine fuentes de financiamiento y los medios para repagar las inversiones y establezca indicadores para la medición del desempeño de los diferentes componentes del plan.

Una nueva Ley de Contrataciones del Estado, que pase de un modelo de selección basado en el costo y plazo de ejecución de obras, a uno donde se valore la innovación y calidad de las infraestructuras. Un modelo basado en la ingeniería y no en papeles. Un modelo de digitalización de la gestión de infraestructuras, a través de la introducción de la tecnología de modelamiento de información en construcción que asegure el control integral de las obras desde el diseño inicial hasta el fin de la vida útil.

Un Consejo Nacional de Infraestructura, con participación de actores públicos y privados, para legitimar los mecanismos de discusión, aprobación, monitoreo y coordinación de políticas, programas y normas vinculadas a la infraestructura y el equipamiento públicos, en particular de los cuatro mecanismos precedentes.

Creemos que los tres años que nos separan del 2021 son suficientes para implementar esta agenda sectorial y que, a partir de ese momento, la construcción peruana podrá encarar apropiadamente los desafíos de su desarrollo sostenible.