Camino equivocado

Un proyecto de Ley presentado por el congresista Clayton Galván, pretende establecer responsabilidad penal para los proyectistas y supervisores por la inadecuada formulación del expediente técnico o estudios definitivos y para los ejecutores y supervisores de obra por incumplimientos, omisiones o deficiencias en sus labores. Otra iniciativa bienintencionada que pretende resolver los problemas generados en las obras públicas. Pero, como se sabe, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

En principio, el proyecto de ley desnaturaliza la relación o vínculo contractual existente entre el profesional que presta el servicio de supervisión, de proyectista y de ejecutor de obra, con el Estado, representado por la entidad pública que requiere del servicio. En estos casos, el vínculo que se establece entre las partes, es de naturaleza contractual producto del proceso de selección previo para determinar al postor que prestará el servicio.

En ese sentido, ante el incumplimiento o cumplimiento tardío o defectuoso, se produce una situación de inejecución de obligaciones, cuyas diferencias o controversias se resuelven en la vía arbitral, por tratarse de cumplimiento de obligaciones cuya fuente es un contrato generado por acuerdo de voluntades. En otras palabras, siendo que la relación existente entre las partes no tiene como fuente una exigencia legal, es decir que el servicio no se cumple por una disposición imperativa de la ley sino por la voluntad de las partes, no existe agresión a la sociedad ni a los derechos fundamentales de las personas, por lo que no merece tutela pública por parte del Estado para considerarlo delito.

Por otro lado, definir el tipo penal, es decir, establecer la descripción del acto delictivo, implica un nivel de precisión máximo, es decir, que quede clara la conducta infractora, puesto que la indefinición del mismo puede atentar contra derechos fundamentales de las personas (prestadores del servicio). En ese sentido, no se puede establecer que es delito el hecho que el proyectista y supervisor no cumpla con las exigencias para la correcta formulación del expediente técnico. La descripción es ambigua, gaseosa, imprecisa, toda vez que no existe una definición de “correcta formulación”, son términos que quedan a la subjetividad, al criterio o arbitrariedad de la autoridad.

Finalmente, CAPECO ha insistido en que los problemas de ejecución de obra pública tienen su origen en la obsolescencia de la normativa de contrataciones, en el alto número de entidades ejecutoras poco capacitadas, en la falta de mecanismos eficientes de coordinación y control, entre otras. Amedrentar a los profesionales o a las empresas no va a resolver el problema, lo empeorará sin duda.