Gremio constructor asegura que la Mesa de trabajo debe ser liderada por el Congreso de la República.

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) calificó hoy como inconveniente, precipitada e inoportuna la intención de que el Congreso de la República le otorgue facultades legislativas al Poder Ejecutivo para una nueva Ley de Contrataciones del Estado.

A través de un pronunciamiento firmado por el presidente de su Consejo Directivo, Jorge Zapata, el gremio constructor reiteró que es indispensable modificar radicalmente el actual modelo de contratación del Estado, pues el que está vigente actualmente no permite seleccionar las propuestas de mejor calidad, ni protege adecuadamente los recursos estatales. Además, otorga excesiva discrecionalidad a los funcionarios encargados de los procesos de licitación y es absolutamente permeable a la corrupción.

Recordó que esta normativa fue constantemente modificada los últimos años. Sin embargo, estos parches que se han puesto a la norma no han resuelto los problemas, sino que los han agravado sistemáticamente.

Una de las razones que ha llevado a a esta situación de ineficiencia y baja calidad de las inversiones públicas es que todas las iniciativas legislativas fueron promovidas casi exclusivamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con muy poca participación de los agentes públicos y privados que intervienen en la contratación estatal. 

«Una reforma de esta magnitud requiere un amplio consenso que incluya al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a instituciones de la sociedad civil vinculadas a las compras y contrataciones públicas, para lo cual es indispensable constituir una instancia de diálogo institucionalizado, que sea liderada por el Congreso de la República.  De lo contrario corremos el riesgo de aprobar una norma que refleje una visión unidimensional de este complejo asunto que, como en los casos anteriores, solo terminará profundizando los problemas», escribió Zapata.

Así las cosas, CAPECO considera muy precipitado conceder al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar esta ley en un plazo máximo de 90 días, periodo que resultaría insuficiente para discutir e implementar los cambios radicales que se requieren para que el Estado contrate bien y gestione eficientemente los bienes, servicios y obras que adquiere.

A criterio del Consejo Directivo del gremio, realizar esta reforma hoy también es inoportuno, porque una vez aprobada la Ley deberá ser reglamentada, por lo que empezará a regir justo en el momento en que las autoridades regionales y municipales se encontrarán en los últimos meses de gestión. Como consecuencia de ello, se postergarán los procesos de contratación y se afectarán los niveles de ejecución presupuestal.

Los gobiernos regionales y locales tuvieron a su cargo más del 60% de la inversión en obras de infraestructura y equipamiento entre el 2020 y el 2021. Es más apropiado que la nueva normativa comience a aplicarse una vez que asuman las autoridades sub-nacionales que se elijan en noviembre del 2022, y luego de un extendido proceso de inducción.

«Nuestra propuesta de impulsar un amplio diálogo público-privado para discutir los alcances de esta reforma no solo es deseable, sino que no retrasa el plazo para su oportuna puesta en marcha y eficiente implementación», plantea CAPECO.

A continuación, el comunicado de CAPECO firmado por el presidente del Consejo Directivo, Jorge Zapata.