Claroscuros del BIM

Una de las propuestas positivas incluidas en el llamado Plan Nacional de Infraestructura, es la apuesta por la implementación progresiva de la metodología de modelamiento de información de la construcción (BIM) en la gestión de la obra pública, a través de un plan integral. Está pendiente de aprobación un Decreto Supremo del MEF que establezca las condiciones para tal implementación, de acuerdo a lo dispuesto en la última modificación de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha pre-publicado un proyecto de norma que fija lineamientos para la implementación de la metodología BIM en obras públicas, lo que parece implicar una descoordinación entre estos dos ministerios, algo que debe evitarse.

Independientemente de ello, llama la atención que el proyecto del Ministerio de Vivienda se concentre en regular el diseño y la construcción de obras con BIM, cuando el planteamiento de la Ley de Contrataciones, que recoge el MEF, es que esta metodología se emplee en todo el ciclo de vida de las infraestructuras y de las edificaciones. No debe olvidarse que, en promedio, por cada sol que se destina a diseñar o construir una infraestructura, deben reservarse cuatro para su operación o mantenimiento.

Cuando se pretende normar sobre el uso de esta metodología en la obra pública, no debe perderse de vista que la verdadera utilidad del BIM está precisamente en que implica un nuevo modelo de gestión de la infraestructura pública, más transparente, más eficiente y más sostenible.