Los objetivos en el próximo quinquenio

METAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN AL 2026. A poco de conocer quién nos gobernará durante los próximos cinco años, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha planteado cinco metas estratégicas para el sector que deberían ser alcanzadas durante la gestión del nuevo gobierno. Aquí las revisamos.

Las elecciones generales del pasado 11 de abril dejaron un escenario que resultó inesperado y controversial para muchos. El primer lugar de Pedro Castillo en la contienda electoral generó todo tipo de reacciones y comentarios, lo mismo que el segundo lugar de la candidata Keiko Fujimori, con quien el aspirante presidencial de Perú Libre disputará la segunda vuelta.

Pero más allá de las preferencias electorales que la ciudadanía irá a plasmar en las cédulas el próximo 6 de junio, hay muchas interrogantes que preocupan al sector construcción.

¿Qué le espera a la industria en el quinquenio que empieza el 28 de julio? ¿Será un gobierno que dispondrá mayor eficiencia en la inversión pública? ¿Se eliminarán las barreras estructurales que hasta hoy tiene el aparato estatal? Estas son solo algunas de ellas.

CONTEXTO ACTUAL
Esas interrogantes se suman a otro hecho que alimenta la zozobra: la coyuntura electoral representa un riesgo para la recuperación del sector; una recuperación que, desde octubre del año pasado, viene dándose con tasas de crecimiento de doble dígito. Para ser más exactos, en enero del 2021, la expansión del sector fue de 15.2%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un resultado que fue posible gracias al mayor consumo interno de cemento, ítem que subió en un 21.12% durante ese mes.

En el mes siguiente, febrero, el crecimiento de la construcción fue de 16.6%, y se espera que la tendencia al alza continúe durante los siguientes meses. Sin embargo, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha señalado que, en los tres últimos años de elecciones generales (2006, 2011 y 2016), el PBI del sector sufrió caídas ostensibles en comparación con los años previos. Esto se explica porque “el PBI de la construcción tiene una sensibilidad relativamente mayor a la coyuntura política que el PBI nacional”, refiere Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.

En materia de obra pública, el gremio estimó en su más reciente Informe económico de la construcción (IEC) que en febrero —un mes que ya culminó, pero del cual aún no se tienen las cifras exactas— se habría registrado una recuperación.

La proyección de CAPECO es que este indicador tendría un repunte de +21.4% y un posible efecto “rebote” estadístico entre marzo y junio, lo cual sería resultado de la reducida ejecución obtenida en 2020. Asimismo, el IEC subraya que el estado tiene aún barreras estructurales que generan ineficiencia para efectuar inversiones, puesto que cada año el aparato público tiene más dinero para invertir y menos capacidad para hacerlo. Solo en 2020, los S/ 45,800 millones invertidos significaron el 62% del presupuesto institucional modificado.

METAS ESTRATÉGICAS A 2026
A pesar de la incertidumbre política y sanitaria, Valdivia sostuvo que la coyuntura electoral debe ser considerada como una nueva oportunidad para discutir una estrategia integral con medidas de corto plazo para reactivar la actividad constructora. También debe ser un espacio para plantear mayores iniciativas con el fin de promover la modernización y la innovación del sector.

En virtud de ello, antes de la primera vuelta, CAPECO hizo llegar a los equipos de Plan de Gobierno de las principales agrupaciones políticas su visión y estrategia integral hasta el 2026. En ese documento destacan cinco metas clave que deberían ser alcanzadas durante ese quinquenio. Aquí las detallamos.

  1. Incrementar la ejecución de obra pública de manera tal que se consiga pasar del 62% al 90% en la utilización de los presupuestos asignados a inversión. En ese transcurso deben mejorarse los modelos de contratación y gestión de infraestructuras y edificaciones.
  2. Promover la producción de 150,000 viviendas en áreas urbanas a 2026, de las cuales 100,000 corresponderían a la adquisición de viviendas y 50,000 a la construcción en sitio propio, de las cuales el 86.7% estaría dentro del rango de vivienda social.
  3. Impulsar la construcción de 25,000 nuevas viviendas anuales en áreas rurales, con sistemas alternativos de construcción, provisión de servicios básicos y componentes para la mejora de capacidades productivas a las familias campesinas.
  4. Mejorar integralmente mil barrios marginales en todo el quinquenio, lo que incluye la dotación de servicios básicos, equipamiento urbano, mitigación de riesgos, integración a la ciudad y mejora de condiciones de vida de más de 1,200,000 personas.
  5. Dotar de planes y catastros urbanos a las 40 ciudades más importantes del país, con el propósito de promover la constitución de un sistema urbano nacional e impulsar las inversiones urbanas y en suelo para el desarrollo de una oferta sostenible de vivienda, empleo y equipamientos urbanos.

CAPECO considera que se necesitan mecanismos oportunos y eficientes para que el nuevo gobierno comience a actuar rápidamente, sobre todo en temas clave como la pandemia, la gestión tributaria y presupuestal, y los proyectos estratégicos de infraestructura.

Es esa línea, plantea que se lleve a cabo una transferencia adelantada de estos temas clave luego de la primera vuelta. Este proceso debe involucrar al gobierno saliente y a los dos partidos que participen en la segunda vuelta.

VIVIENDA SOCIAL, EJE FUNDAMENTAL
En lo que concierne a vivienda social —otro pilar fundamental para el crecimiento del sector—, el IEC de CAPECO incluye un informe sobre la “Estructura de la producción de vivienda en Lima Metropolitana”. Este estudio determinó que el 67% de las viviendas levantadas en la capital desde el año 2008 se construyeron informalmente: apenas 2.5 puntos porcentuales menos que en el periodo 1996-2007.

El informe demuestra que los excesivos cambios de los recursos asignados a subsidios y créditos —algo frecuente en los años electorales—, sumados a las malas decisiones políticas, han impedido que la producción formal de viviendas alcance mejores niveles de participación en la producción habitacional.

Según este análisis, de no haberse tomado medidas inadecuadas, la incidencia de la edificación de viviendas informales en la capital pudo reducirse al 53.5% del total de unidades habitacionales construidas en los últimos 12 años.

Asimismo, este 2021 se corre el riesgo de no alcanzar las metas de vivienda social nuevamente, ya que no son suficientes los recursos asignados a subsidios y créditos en los programas Mivivienda y Techo Propio, lo que pone en peligro un posible crecimiento del segmento de vivienda social superior al 10%.