Mala educación

La mediación de la ministra de Educación en el problema generado por la oposición de estudiantes sanmarquinos a ceder terreno para culminar el bypass del cruce de las avenidas Universitaria y Venezuela, ha terminado por complicar las cosas, y poner en aprietos tanto al rector de San Marcos como al alcalde de Lima. Este último se apresuró a señalar que la universidad no había formalizado la habilitación urbana del predio, por lo que quedaba pendiente la cesión de aportes para vías, desmarcándose de la declaración de la ministra en el sentido de que no se tomará ni un metro cuadrado del campus.

En todo este debate, se ha dejado de lado que en nuestro ordenamiento jurídico está claramente establecido que el ejercicio del derecho de propiedad está subordinado al bien común y que, tratándose de infraestructuras y servicios públicos, es posible que el Estado disponga la enajenación de una propiedad predial, previo resarcimiento económico. Resulta insólito que una entidad pública como la Universidad de San Marcos oponga sus intereses específicos a las necesidades de la sociedad en su conjunto, e impida terminar una obra de infraestructura que beneficiará también a sus alumnos, profesores y trabajadores.

Es necesario resolver este problema rápidamente, porque soluciones como las planteadas apresuradamente por la ministra, pueden motivar a otros ciudadanos u organizaciones a frustrar el desarrollo de proyectos de infraestructura, aduciendo la afectación a sus derechos. En particular, debe recordarse que se ha previsto la construcción de una estación del Metro de Lima en una zona adyacente a la Universidad de San Marcos, por lo que las autoridades deben estar prevenidas para evitar que también este proyecto tenga dificultades para su ejecución en un futuro cercano.