Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados

A través de un pronunciamiento público, CAPECO manifestó su posición frente a la coyuntura política actual y exhortó a dirigentes de ambos partidos a dar señales claras de madurez democrática y a aguardar con tranquilidad los resultados definitivos de la segunda vuelta.

Considerando que las tres crisis que afronta actualmente el país (sanitaria, económica y política) —sumadas al debilitamiento de las instituciones—, han puesto en evidencia las enormes brechas sociales y la gran polarización que reina en estos tiempos electorales, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) dejó clara su postura y afirmó que esta compleja coyuntura necesita una voluntad de consenso para ser abordada y un compromiso de respetar las reglas del Estado de Derecho y las libertades de un sistema democrático.

A través de un pronunciamiento público que hizo recientemente en sus redes sociales, el gremio constructor exhortó a los candidatos presidenciales, dirigentes y simpatizantes de ambos partidos políticos que todavía disputan voto a voto la elección, a que “den señales claras de madurez democrática y aguarden con tranquilidad el pronunciamiento definitivo de las autoridades electorales”. Seguidamente, planteó que este compromiso y voluntad de consenso queden plasmados en un Pacto Nacional por la Democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Según señaló, el corto plazo exige una estrategia conjunta para garantizar: (1) la continuidad del plan de vacunación y control de la pandemia, (2) la ejecución eficiente de recursos presupuestales del año y la formulación del Presupuesto General de la República 2022, (3) que la aprobación de las iniciativas legislativas y las modificaciones constitucionales en curso en el Parlamento se ciñan estrictamente a los procedimientos constitucionales y a las tradiciones democráticas, y (4) el adelanto del habitual proceso de transferencia de información en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo.

La declaración de CAPECO propone que esa estrategia conjunta debe definirse en una Mesa de Negociación entre representantes del Poder Ejecutivo y de organizaciones políticas con representación en el Parlamento actual y el electo. Los acuerdos a que se arriben deberán ser explícitos y conocidos por toda la ciudadanía.

Asimismo, sugiere que debe iniciarse un proceso de negociación para consensuar iniciativas de política pública que se pongan en marcha una vez instalado el nuevo gobierno. Estas iniciativas deben permitir: (1) asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, (2) establecer un plan coordinado para otorgar subsidios económicos a familias afectadas por la pandemia, (3) implementar medidas excepcionales para generar empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes, y (4) priorizar programas sociales y de inversión pública y privada con alto impacto en la superación de brechas económicas y en la inclusión social.

 Estas iniciativas deben ser aprobadas en un Acuerdo Tripartito entre el Estado y gremios representativos de la fuerza laboral y del sector productivo, incluidas pequeñas y microempresas.

Reforma institucional
Finalmente, CAPECO recalca que es necesaria una amplia reforma institucional para fortalecer nuestro sistema democrático, optimizar el modelo económico y establecer un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre la Sociedad y el Estado. Ese ejercicio permitiría:

  • Modernizar el aparato estatal buscando una gestión pública más eficiente y transparente.
  • Garantizar que el proceso de descentralización sea más eficiente y beneficie a todas las regiones del país.
  • Rediseñar el funcionamiento del Congreso para que tenga mayor representatividad y legitimidad, preservando el equilibrio de poderes.
  • Reformular el rol de la administración de justicia y los organismos reguladores, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y la seguridad jurídica.

“Este esfuerzo reformador debe sujetarse estrictamente a las normas constitucionales, trascender los periodos gubernamentales e incluir en su implementación a organizaciones representativas de la Sociedad Civil”, dice el pronunciamiento. Agrega que el espacio más indicado para la discusión de estas reformas es el Acuerdo Nacional, cuya conformación deberá ser ajustada para incluir a nuevos actores sociales.

“La formalización de una buena parte de estas iniciativas exigirá modificaciones legales e incluso constitucionales, cuyo alcance y mecanismos de aprobación deben establecerse por consenso y respetando el régimen jurídico vigente”, concluye la declaratoria de CAPECO.