Por una nueva ley de contrataciones del Estado que elimine prácticas del pasado

Por Jorge Zapata
Presidente del Consejo Directivo de CAPECO

EDITORIAL / Edición 362 de Construcción e Industria
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Que seis de los ocho expresidentes de la República que gobernaron en este siglo y un número escandalosamente alto de gobernadores regionales estén procesados o presos por corrupción deja para la posteridad nuevas páginas vergonzantes a nuestra ya poco gloriosa historia. ¡Qué duda cabe! Pero a la desastrosa forma de conducir los destinos de millones de peruanos por parte de nuestros últimos gobernantes hay que sumarle el perjuicio que ocasionan a sus ciudadanos por no concluir las obras que necesitan, y por las cuales han pagado impuestos. Cerca de 20,000 millones de soles, solo en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es el monto en obras paralizadas según la Contraloría General de la República. Las crónicas de destapes cada vez más frecuentes no pueden ser más indignantes, y dejan en evidencia la urgencia de emprender una reforma profunda del actual modelo de adjudicación y ejecución de obra pública que ha hecho metástasis, y el cual tiene en el centro de su organismo enfermo, como tumor originario, a la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Congreso de la República, acertadamente, no ha otorgado facultades al Poder Ejecutivo para redactar una nueva Ley de Contrataciones. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido el encargado de modificar esta ley en múltiples ocasiones, y nunca se observó mejora alguna en el modelo de contratación pública, motivo por el cual sería absurdo que se asigne una vez más esa responsabilidad a la misma entidad que ha fracasado reiteradamente en dicho propósito. 

En CAPECO creemos que es indispensable contar con una nueva ley que cambie sustancialmente las formas de llevar a cabo los procesos de selección de los constructores que ejecutan las obras públicas. Sin embargo, estamos convencidos de que la nueva ley debe ser fruto de un esforzado análisis, de un debate amplio y profundo, y del consenso más amplio entre los diferentes actores involucrados. Por otro lado, pensamos que esta nueva ley, a diferencia de los anteriores intentos fallidos que convertían a la norma más bien en una coladera por donde pasaban fechorías y componendas de toda índole, tiene que colocar los candados necesarios contra la corrupción. 

Para ello es indispensable que se hagan cambios sustanciales como: 1. Estandarizar las bases de los procesos de selección, y que estas sean elaboradas por una unidad centralizada y especializada. 2. De no ser factible la preparación de bases por una entidad especializada, por las particularidades que tenga algún proceso de selección, hacerlas pasar por los filtros de estas entidades especializadas y de la sociedad civil antes de su aprobación, de manera que se evite las convocatorias con bases direccionadas. 3. Profesionalizar, especializar, agremiar y acreditar a técnicos íntegros y solventes para que integren comités de selección a nivel nacional, evitando así que empleados sin solvencia, experiencia e idoneidad lleven a cabo procesos millonarios. 4. Certificar a las entidades convocantes para que acrediten experiencia exitosa en la convocatoria, selección y ejecución de proyectos similares al que se pretende licitar. 5. De no acreditar la entidad convocante la experiencia necesaria, esta deberá derivar el proceso de selección a otra entidad. 6. Deben existir varias modalidades de adjudicación, cuyas características y alcances pueden detallarse en el reglamento, y que la adopción de alguna de ellas en un determinado proceso se defina en la misma sesión en que se otorga la buena pro, inmediatamente antes de la apertura de sobres; de esta manera se evitan posibles concertaciones previas. 7. Se debe buscar la adjudicación con tendencia al promedio y no el precio menor ni por sorteo. 8. Regular la ejecución por administración directa, así como fortalecer el trabajo de la supervisión, en particular cuando se trata de obras ejecutadas por los gobiernos subnacionales. 9. Facilitar la solución de controversias con mecanismos innovadores, como la Junta de Resolución de Disputas, la implementación de la metodología BIM y la optimización del control concurrente que desarrolla la Contraloría. 10. Establecer criterios que favorezcan la pluralidad de postores y la no discriminación de las constructoras nacionales.

Por falta de espacio, solo señalamos algunos ejemplos de propuestas que pondrían candados a la corrupción y harían más sostenibles las infraestructuras y equipamientos públicos. Sin embargo, nada de esto será suficiente si no se acompañan estos cambios con una verdadera política meritocrática en la selección de los servidores públicos en todas las entidades del país. Como nación, debemos asumir y emprender la gran tarea de transformar el aparato público en un modelo de eficiencia e integridad. Y por otro lado, no podemos permitir más parches superficiales y cambios cosméticos a una ley que a todas luces no da para más. Se atribuye al gran científico Albert Einstein la frase: “Locura es esperar obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo”.