Entrevista a Solangel Fernández

“Se viene analizando modificaciones a la normativa del programa Techo Propio”

La titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, uno de los sectores clave en infraestructura pública, explica a Construcción e Industria sobre los avances en la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, los logros alcanzados por los programas sociales de vivienda y los desafíos que afrontará el próximo gobierno vinculados con su cartera, entre otros temas urgentes que vienen desarrollándose en el actual contexto de crisis sanitaria e incertidumbre política.

¿En qué estado se encuentra el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? Usted dijo que a finales de abril de este año se enviaría al Congreso para su revisión. ¿Ha recibido comentarios u observaciones hechas por el Parlamento?

El equipo del Ministerio ya terminó la redacción del proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley DUS). Ahora está siguiendo su ruta regular, dentro del Ejecutivo, para enviarlo al Congreso como iniciativa legislativa, y esperamos, por el bien del futuro de nuestras ciudades, que sea aprobado. Se está culminando la etapa de análisis de impacto regulatorio, por lo que el texto va a ser visto por la Comisión de Coordinación Viceministerial, y de allí pasará al Consejo de Ministros, que lo remite al Parlamento. Esperamos que esto se produzca en este mes, o, a más tardar, en las primeras semanas de mayo. Además, quisiera destacar la socialización del proyecto de ley. Organizamos más de 20 talleres y mesas de trabajo con representantes del Ejecutivo, Congreso, sociedad civil, academia, y el sector privado.

Naturalmente, ello llevó a extender los plazos de recepción de comentarios para sistematizar e incluir estos aportes, pero dada la importancia de esta ley, creemos que este tiempo ha sido una inversión que nos ha permitido enriquecer el texto legislativo.

Más allá del tema de impulsar la habilitación de viviendas de sociales en zonas ordenadas y con todos los servicios básicos, ¿qué otros ejes neurálgicos plantea la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? ¿Cómo debería aplicarse una vez que ya esté aprobada?

La Ley DUS es una norma que aborda, de forma integral, distintos problemas que limitan el desarrollo urbano sostenible en nuestras ciudades. Además de generar medidas para reducir el déficit habitacional, el proyecto de ley da una importancia capital a la planificación urbana y territorial para contrarrestar la expansión informal y desordenada en nuestras urbes. De hecho, podría citar decenas de ejemplos sobre el particular, pero hoy, dadas las circunstancias, podemos ver casos concretos en las invasiones, recientemente ocurridas, en el Morro Solar y Lomo de Corvina. Las invasiones son muy rentables para los traficantes de terrenos, pero condenan a las familias más vulnerables a vivir en la precariedad. En ese sentido, la ley que proponemos aborda este tema poniendo el acento en la generación de una mayor y mejor oferta de vivienda de interés social. El crecimiento informal genera grandes carencias y altos costos a las familias más pobres. Grade ha estimado que existen altos costos acumulados en los que incurren las familias a lo largo del tiempo debido a un acceso inadecuado a agua potable y saneamiento, como, por ejemplo, los vinculados a enfermedades como el cólera, la tifoidea o la malaria, cuyo tratamiento, supone altos gastos para las familias y el Estado.

Si a eso le sumamos las pérdidas económicas de los días no laborados por las personas enfermas, y el tiempo adicional que se invierte en acceder a estos servicios, por estar muy alejados de las áreas consolidadas, vemos que el crecimiento por invasiones es costoso para el Estado, pero también para las familias más pobres. Otro de los ejes centrales de la ley es que busca que aprovechemos de manera eficiente, sostenible y equitativa el suelo urbano. Para ello hemos creado una serie de instrumentos que permitirán que utilicemos mejor los suelos disponibles, satisfaciendo, a la par, las necesidades de los ciudadanos.

Como puede ver, la norma contiene incentivos que fomentan el reajuste predial, la revitalización de espacios deteriorados y la inversión en infraestructura urbana, en espacios públicos y en vivienda social. Pero además, otra de las novedades que trae consigo, es que contempla un rol más activo del MVCS en el ámbito del reasentamiento poblacional, un tema cuyo costo social es altísimo, el cual debemos regular y abordar de mejor forma.

Por último, no quisiera cerrar esta pregunta sin dejar de destacar que estamos ante una ley que empodera a los gobiernos locales en la medida en que la mayor parte de sus disposiciones serán implementadas por ellos mismos con la asistencia técnica del Ministerio, que además fortalecerá las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

A pesar de que han sido varios los ministros que han liderado el MVCS desde que se eligió al gobierno en las elecciones del 2016, ¿cuáles cree usted que han sido los principales logros de la cartera durante los cinco años de gestión?

Durante el último quinquenio, se han promovido 253,000 viviendas a nivel nacional, de las cuales 228,765 fueron ejecutadas en el ámbito urbano y 24,646 en el ámbito rural. Esto ha significado una inyección de S/ 10,929 millones a la economía nacional. Asimismo, se han realizado transferencias a gobiernos subnacionales por S/ 1,802.6 millones para la ejecución de 672 proyectos de infraestructura y equipamiento urbano que significan una inversión de S/ 2,807.8 millones y que benefician a 4.6 millones de personas. Otro importante logro es la creación del Catastro Urbano Nacional mediante el Decreto Legislativo n.º 1365. Este es un instrumento de gestión urbana sostenible que permitirá, entre otros aspectos, que las municipalidades puedan mejorar su recaudación y planificar mejor el desarrollo territorial de su jurisdicción.

Finalmente, consideramos que uno de los logros más importantes de nuestra labor será la pronta aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, un instrumento de gestión que, estoy segura, conducirá estratégicamente la política pública en materia habitacional y de desarrollo urbano, para cerrar brechas y brindar una mejor calidad de vida a las y los peruanos.

¿Y cuáles cree que son los desafíos que tendrá que afrontar el sector cuando asuma funciones el nuevo gobierno este 28 de julio?

En materia de vivienda, urbanismo y saneamiento, arrastramos en un déficit de décadas; la falta de planificación y las enormes brechas que debemos superar han dejado una huella muy profunda en nuestras urbes, en nuestras zonas rurales y en nuestra propia gente. Transitar hacia un desarrollo urbano y territorial sostenible es posible, pero sus horizontes son necesariamente de largo plazo. Hablamos de una problemática que, para abordarla de manera efectiva e integral, tenemos que dejar de pensarla en relación con un gobierno puntual y ampliar el horizonte. Por eso los planes de desarrollo metropolitanos o las políticas públicas en materia de vivienda y saneamiento como las que estamos proponiendo fijan su horizonte en los próximos 20 años y requieren, a lo largo de estos, de acciones sostenidas.

En lo que concierne al proyecto de Ley del Operador Público del Suelo, ¿en qué situación se encuentra actualmente? ¿Cree que podrá aprobarse en los meses que quedan al gobierno de transición?

Uno de los principales obstáculos para ampliar la oferta de vivienda de interés social de calidad pasa por una adecuada gestión del acceso al suelo. La creación del Operador Público del Suelo es indispensable, y es uno de los servicios concretos que propone la Ley DUS. Estamos proponiendo que el Fondo Mivivienda asuma las funciones de Operador Público del Suelo, de modo tal que administre los predios del Estado, o adquiera predios privados, para destinarlos a fines de utilidad pública. Luego de aprobada la Ley DUS, la implementación de esta nueva función en el Fondo Mivivienda requerirá una modificación de los instrumentos que regulan a dicha entidad, y, en ese sentido, el diagnóstico y la elaboración de esta normativa complementaria ya viene siendo llevada a cabo por el MVCS con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Si bien es una iniciativa que propone crear una entidad que gestione los predios del Estado para proyectos de interés público, viviendas sociales y reasentamiento de la población, ¿cuáles van a ser las características de ese operador y cómo se manejarán los terrenos para destinarlos a esos proyectos?

Como mencionamos, la función de Operador Público del Suelo se está delegando al Fondo Mivivienda. Por su naturaleza, como empresa estatal de derecho privado, tiene la flexibilidad necesaria para desempeñarse de manera eficiente como articulador entre el Estado y el sector privado para la incorporación ordenada de nuevo suelo a la ciudad que permita la inversión privada en vivienda de interés social. Asimismo, su función de fomento de vivienda social se complementará con la labor de Operador Público del Suelo, participando de forma integral en el proceso de generación de vivienda social, integrando suelo al mercado inmobiliario para el desarrollo privado y otorgando los subsidios y bonos sobre los proyectos de vivienda que se desarrollen en estos predios.

En este esquema de trabajo, se integra también a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que será la instancia encargada de recopilar, identificar, habilitar y transferir los predios estatales a favor del Fondo Mivivienda. Como puede ver, este proyecto de ley tiene la virtud de abordar el problema de manera integral generando un enfoque en cada institución.

Además de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene la figura del Operador Público de Suelo y otros proyectos de ley que buscan articular la Política Nacional de Vivienda, ¿cuáles son los aspectos más importantes de esta política? ¿Cuáles son sus metas a mediano y largo plazo?

Los aspectos más importantes de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo permiten articular normas, programas, proyectos y otros instrumentos de política que involucran a los tres niveles de gobierno, a fin de que, de manera integral y coherente, se responda con efectividad a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en materia urbana y de vivienda.

La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es una hoja de ruta para impulsar un desarrollo planificado de las ciudades, promover la producción de vivienda de interés social y contribuir a alcanzar un desarrollo urbano sostenible en el país. Pero, además, propone un nuevo enfoque en el que la vivienda y el urbanismo ya no se tratan de manera separada, como se había hecho en planes nacionales anteriores. Así, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo promueve una mirada integral, tanto a nivel de causas como de propuestas, poniendo especial acento en las medidas que responden a las necesidades de habitabilidad de los sectores socioeconómicos más vulnerables que conviven a diario con los injustos efectos de la precariedad y la desigualdad urbana.

Los objetivos de la política son cuatro: en primer lugar, incrementar la efectividad de la planificación urbana y territorial; en segundo lugar, aumentar la sostenibilidad social, económica y ambiental en las dinámicas de ocupación del suelo; en tercer lugar, asegurar el acceso equitativo a servicios, equipamientos e infraestructura urbana de calidad, y, finalmente, en cuarto lugar, asegurar la provisión de vivienda digna y adecuada. Todo esto se logrará mediante la reestructuración de la lógica y la metodología de la planificación urbana para que realmente se pueda facilitar su implementación.

En teoría, una de las metas del MVCS a inicios de este año era promover el acceso a la vivienda social a unas 54,000 familias durante los primeros siete meses del 2021. ¿Logrará el sector alcanzar esa meta?

Frente a la crisis sanitaria que vive el mundo y nuestro país, hemos adoptado importantes medidas para promover la construcción de la vivienda social. A julio del 2021, estimamos promover 39.000 viviendas urbanas y 15.000 rurales por un monto total de S/ 2,200 millones. Esta inversión incluye los diferentes bonos habitacionales que brinda el Estado y el financiamiento de las viviendas rurales que tendrán un impacto positivo en la reactivación de la economía. En el caso del Bono Buen Pagador, que se da a través del Nuevo Crédito Mivivienda, se están destinando S/ 761,620,883. En cuanto al Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, estamos asignando S/ 670,885,901. Para el Bono Familiar Habitacional en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva hemos presupuestado S/ 217,612,294. Adicionalmente, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, se ha asignado S/ 116,299,040 para los BFH. Y para el Bono de Reforzamiento se asignaron S/ 4,200,000.

Cabe mencionar que el presupuesto inicial para el Bono Familiar Habitacional en 2020 fue de S/ 568,420,800. El presente año se está invirtiendo S/ 768,420,800, monto mayor al del año pasado, con la posibilidad de solicitar uno adicional al MEF. En lo que va del año 2021 se han desembolsado en total 17,969 bonos para la vivienda social. Para el caso de Techo Propio, en la modalidad Construcción en Sitio Propio se han desembolsado 12,864 y en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, 2,366. Es la convocatoria de Techo Propio más grande desde la creación de este subsidio.

Es importante tener en cuenta que aún faltan desembolsos de los Bonos Familiares Habitacionales de la última convocatoria en la modalidad Construcción en Sitio Propio, que fue por más de 23 mil BFH. Esta colocación de bonos se verá reflejada en los próximos meses. A eso se le suma el avance de los bonos que se logren desembolsar en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, según la oferta inmobiliaria disponible.

Finalmente, está el Bono del Buen Pagador, que se otorga a través del Nuevo Crédito Mivivienda, y que ha beneficiado hasta la actualidad a 2,567 familias. Estamos seguros de que alcanzaremos la meta trazada en los próximos meses.

CAPECO ha planteado que el ministerio debería dar más recursos a los programas de vivienda social, sobre todo a los segmentos de menores ingresos. Propone, por ejemplo, que la oferta de Mivivienda tendría que triplicarse, lo cual implica un porcentaje mayor de subsidios para viviendas. ¿Es esto factible? ¿Qué opina usted?

Se vienen analizando modificaciones a la normativa del programa Techo Propio, en sus dos modalidades de aplicación, Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio. Esto tiene la finalidad de llegar a las familias más necesitadas, ya sea ampliando más opciones de financiamiento o con valores de subsidios que reduzcan el monto a financiar con una entidad del sistema financiero. Además, se ha generado normativa para promover mayor oferta de Techo Propio. En 2020, se aprobó el Reglamento de los Programas Municipales de Vivienda. A través de este instrumento se busca promover nueva oferta inmobiliaria focalizada en cada localidad mediante el trabajo articulado y directo con los gobiernos locales, quienes proveen el suelo.

Asimismo, se cuenta con los procedimientos para la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con recursos que los gobiernos regionales y locales reciban por concepto de canon. Este último instrumento busca también promover mayor oferta inmobiliaria aprovechando los recursos que se obtienen por Canon. Finalmente se ha aprobado la modificación al Reglamento operativo de aplicación al programa Techo Propio en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva con la finalidad de promover mayores proyectos inmobiliarios en los centros históricos, reducir la incidencia del hacinamiento y, a la vez, dar valor a estas zonas.

Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas y metas que se tienen con las viviendas bioclimáticas conocidas como Sumaq Wasi? ¿Cuántas casas de este tipo esperan implementar al final de su gestión?

El Programa Nacional de Vivienda Rural contribuye a mejorar las condiciones habitacionales de las familias pobres y extremadamente pobres de centros poblados rurales que deben enfrentar heladas y friajes. Desde el año 2014 hasta el 2020 se han ejecutado 31,097 viviendas. Para este año se tiene programada la entrega de 20,463 a nivel nacional, teniendo como corte, a fines de julio, la entrega de 15,127 viviendas, lo que implica entregar solo en siete meses casi la mitad de todo lo entregado en siete años.