Sofía Prudencio (OSCE): “Tenemos en marcha un proyecto para rediseñar la plataforma electrónica”

¿Qué necesitamos para que un proyecto cumpla su finalidad? No es el suelo, no es tener un contrato firmado, no es ver movimiento nada más. Es que el usuario reciba lo que necesita y en el tiempo en el que lo necesita. Entonces además de garantizar que se cumpla el objetivo, que se use el recurso adecuadamente y que se terminen a tiempo los proyectos, también se debería garantizar que se realicen con transparencia e integridad.

En ese marco, ¿qué necesitaríamos? En primer lugar, que nuestro sistema cuente con adecuados mecanismos y métodos de entrega de proyectos. La realidad excede lo que puede decir una norma. Y los proyectos tipo Panamericanos no se comparan con los caminos vecinales, con las conexiones sanitarias que debe haber en zonas rurales, con los módulos rurales en zonas altoandinas. Entonces se debe abrir la caja de opciones que el Estado tiene a su disposición para poder aplicar lo que sea adecuado al proyecto que tiene enfrente.

El segundo elemento es la planificación. Por otro lado, la fiscalización y una supervisión acorde. No hay que temerle a la Contraloría, hay que respetarla. El incentivo de la Contraloría es mejorar la calidad de la ejecución del gasto. No debe ser sancionar, sino sumar los esfuerzos de todos los sectores involucrados para lograr un mejor resultado. Para eso hay que hacer un alineamiento de incentivos: sector público, sector privado, supervisores, ciudadanía y del equipo humano. De nada sirve planificar, tener modelos adecuados de contratación y un alineamiento si no se tiene gente capacitada y motivada para poder sacarlos adelante.

LEY DE CONTRATACIONES

Cuando aparece la Ley de Contrataciones del Estado, la 26850, se uniformiza tres regímenes previos: bienes y servicios, obras y servicios de consultoría. De alguna manera se había cumplido el objetivo de unificar la normatividad existente a esa fecha (1998). Hoy en el 2019 existen más de 30 regímenes de contratación. En lugar de ir mejorando en cómo optimizar el sistema, lo que se ha hecho es empezar a encontrarle forados. Y eso es un síntoma de que no está sirviendo lo suficiente. Entonces hay que reaccionar frente a ese síntoma y adoptar medidas para curar esa enfermedad.

Por ejemplo, la figura Gobierno a Gobierno no debería estar fuera de la ley, debería ser una opción que puedan tener las distintas entidades ya que además está vigente desde el 2013. ¿Por qué las compras que hacen algunas entidades en modelos de cogestión por ejemplo, están fuera de la ley? ¿Por qué no es un capítulo dentro de un marco normativo? Hay que darle seguridad al funcionario de que puede acceder a distintos mecanismos dependiendo de la necesidad, tiempo, complejidad o limitación presupuestal. Se tiene un especialista en Gobierno a Gobierno, en compras MiPerú, otro en obra pública, otro en Obras por Impuestos, otro en APP, cuando en verdad todas son formas de contratación pública, a la que cualquier entidad debería tener acceso, pero nuevamente acorde con la realidad que tiene enfrente.

Se han hecho algunos avances sobre la base del marco existente. Por ejemplo, ya se reconoce el BIM como una metodología para modelar los proyectos. A partir de esto se ha generado todo un grupo de trabajo y una estrategia reconocida además en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

Por otro lado, también se reconoce algo que es muy común en el sector privado: la utilización de mecanismos de geo referenciación. Varios sectores lo han utilizado. Parecía que había que ponerlo en una norma para que el funcionario se sintiera seguro de utilizarlo, pero ya lo está haciendo. También se ha introducido la figura del concurso de proyectos arquitectónicos.

TECNOLOGÍA

Se están implementando progresivamente nuevas tecnologías. Por ejemplo, la publicación de los expedientes técnicos en la plataforma de SEACE conjuntamente con las bases de los procedimientos y la información técnica. No tener toda la información limitaba la participación de postores. Ahora el sistema se ha adaptado para que los expedientes puedan estar desde el primer momento, y así cualquier proveedor pueda revisarlo y decidir si participa o no.

Lo mismo pasa con las ofertas electrónicas que están en implementación. La idea es sumar esfuerzos para reducir costos de transacción y que los proveedores no tengan que ir a zonas lejanas para presentar su oferta sino que pueda hacerlo desde el lugar donde se encuentre. Y de esa forma eliminar la necesidad de tener contactos que puedan llevar a algún mal manejo o ser susceptibles a temas de corrupción.

Se tiene en marcha la implementación de un proyecto de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para el rediseño de la plataforma electrónica. Esto es un hito en el tema de contratación pública en el país. Si bien es cierto hace 15 años éramos vanguardistas, ahora ya nos han superado varios países.

Debemos apuntar a manejarnos con criterios de datos abiertos, valor por dinero, que haya documentación disponible para cualquiera que desee acceder a información y análisis en temas de contratación pública y que además permita introducir indicadores de eficiencia o alertas que da la oportunidad de hacer una corrección antes que el proceso avance y termine anulado con impugnaciones. Entonces eso ya hay en otros países y se apunta a hacerlo acá. No hay que desconocer la importancia de las tecnologías de la información y comunicación, que tienen que ayudar a agilizar la tramitación de nuestros procedimientos. De esta manera, con un trabajo colaborativo entre sector público, privado, academia y ciudadanía, se tendría mayor posibilidad de apuntar a mayores niveles de eficiencia.

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